El cura Carlos Eduardo José (65) lleva sesenta días prófugo de la Justicia. El martes 22 de agosto no se presentó a la audiencia de cesura fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de San Martín, en el marco de una causa por “abuso sexual gravemente ultrajante de una alumna menor de edad”.
Ese día, el padre “Carlitos”, que entre los años 1994 y 2002 estuvo a cargo de la parroquia San José Obrero, en la localidad de Caseros, ni siquiera atendió a su abogada defensora. Desde entonces se alejó de sus familiares y supuestamente no regresó más al domicilio en el que debía encontrarse ante cualquier requerimiento procesal.
Ya pasaron dos meses y, ante la falta de noticias sobre su paradero, Interpol emitió una circular roja para lograr su detención. En la Notificación A-7723/8-2023, se indica que al cura “se le atribuye haber abusado sexualmente de M.G., en el interior de una vivienda, aprovechándose del temor que este le infundía ante la situación de autoridad eclesiástica y escolar que ostentaba, que le impedían consentir y resistir tales embates”.
José se ausentó de la casa familiar de toda su vida, ubicada sobre la calle Carhué al 5200, en el partido de Tres de Febrero. El 22 de agosto a la tarde una comitiva policial lo fue a buscar para arrestarlo, pero no lo encontró e inmediatamente dio aviso a los jueces Raúl Luchelli Ramos y Mónica María Carreira, ambos integrantes del TOC 2.
Lo curioso es que el cura estaba libre pese a sus antecedentes por fuga: en julio de 2017, cuando ordenaron por primera vez su detención, el religioso desapareció una semana hasta que finalmente decidió entregarse.
En esos días que pasó en la clandestinidad se refugió en un seminario, otra muestra elocuente de cómo la Iglesia protege a sus miembros frente a una grave acusación penal. Luego, el cura fue trasladado a una unidad penitenciaria hasta marzo de 2021, cuando en medio de un escándalo terminó absuelto con el pretexto de que los hechos investigados estaban prescriptos.
Según la acusación, el cura había abusado de una de sus alumnas desde los 12 hasta los 21 años. De acuerdo a los testimonios recabados –en el juicio declararon 36 testigos–, la sacaba del aula casi todos los días para confesarla sentada en su falda, y aparentemente aprovechaba esos momentos para manosearla.
El polémico fallo fue apelado por la querella y en octubre del año pasado el Tribunal de Casación Penal revocó la sentencia de manera parcial, al entender que en el caso de M. G. se acreditó la materialidad ilícita y la autoría responsable.
A mediados de octubre del año pasado, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revocó parcialmente el fallo de 2021 por considerar “acreditados” tanto “la materialidad ilícita” como “la autoría responsable” del imputado con relación a los hechos denunciados como ocurridos entre 1999 y 2008 en la casa de la víctima, entre sus 12 y sus 21 años.
La causa volvió al TOC 2 para una nueva sentencia, pero el cura “Carlitos” no aceptó el revés y prefirió profugarse.
Durante la instrucción del caso, los familiares del religioso y allegados a la parroquia San José Obrero lo defendieron a capa y espada. Hasta hicieron marchas en su apoyo. “Hace cuatro años se condenó injustamente a mi tío por rumores. No había una sola prueba de violación ni acoso. Ni una sola. Sufrió la peor de las torturas. Hoy siguen difamando su nombre, acusándolo sin pruebas”, escribió uno de sus familiares.
Calvario
M.G. es Mailín Gobbo, una de las víctimas del cura y principal testigo en el juicio por abuso y corrupción de menores. En una entrevista con PERFIL, habló de su calvario y el miedo que le genera saber que su abusador no está encerrado.
“Lo único que me importa es que no haya más víctimas. Y que la Justicia cambie porque todavía hay muchas por hablar”, dice a este diario. Mailín tiene un pensamiento crítico sobre la actuación de la Justicia. “No investigaron nada. Todas las pruebas que hay fueron aportadas por mí”, señala.
La víctima cree, además, que nadie lo busca. “Para ellos buscar es mandar un comunicado de Interpol. No hicieron allanamientos y no llamaron a los vecinos. No pidieron cámaras que hay cerca del lugar. Solo fueron a la casa y no entraron. Los recibió el hermano de él. Ya sabían que no se iba a presentar. ¿En qué cabeza cabe que el imputado se presente sabiendo que es el último día de su libertad?”, se preguntó.
La joven, que hoy tiene 36 años y una hija, siente temor por su entorno. “Si me pasa algo, es responsabilidad de la Justicia. Tengo miedo por los niños que puedan estar cerca de él. Eso me angustia y me genera mucha impotencia. Me enoja. Me indigna”, dice.
“A veces me da miedo por mi hija, que le pase algo. Que la lastimen para que yo calle. Porque si hay algo que entendí en todo este tiempo es que la Iglesia me quiere callada. Y la Justicia también”, sostiene Mailín, quién recibió ayuda y contención de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico.
La víctima cuenta que no le asignaron una custodia policial después de la última audiencia y que solo le ofrecieron un botón antipánico. “Unos días venían a preguntarme si estaba todo bien. Después me dijeron que vaya a buscar un botón de pánico, pero no fui. Ya me cansé de ser yo la que tiene que moverse para todos lados y ellos sentaditos”, asegura.
Este domingo 22 de octubre el padre “Carlitos” cumplirá dos meses prófugo. Hoy podría ir a votar. Está habilitado. Seguramente habrá vigilancia policial. ¿O no?
El escándalo del Próvolo
La absolución de las nueve mujeres acusadas por abuso sexual en el Instituto Próvolo de Mendoza despertó una fuerte indignación en las víctimas y sus familiares.
El Tribunal Penal Colegiado 2 resolvió esta semana absolver a las acusadas, entre ellas la monja Kosaka Kumiko, quien llegó a la instancia final con un pedido de pena de la fiscalía de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Sergio Salinas, abogado querellante e integrante de la Asociación Xumek, aseguró a PERFIL que apelarán la resolución ante Casación Penal. “Tenemos quince días hábiles desde que se dictó la sentencia y a partir de ahí estamos trabajando”, señaló.
Sobre el fallo entendió que es “un fallo sin perspectiva en derechos humanos”. “No tiene la perspectiva de las personas vulnerables, en el sentido de que no recepta la diferencia del testimonio de una persona sorda, de una persona que en su momento era niña y ahora recientemente es adulta”.
“Entendemos -agregó- que es un fallo totalmente vetusto, un fallo en contra de los derechos, que no sigue las pautas de la ciencia, establecido oficialmente por los peritos oficiales como también por la guía UNICEF”.
