El jefe militar fue condenado por maltrato hacia una subalterna a la que le gritaba, hostigaba y le hacía comentarios sexuales. Por eso, el militar fue condenado por violencia de género y abuso de poder, ya que la mujer tenía un cargo inferior en el Regimiento de Infantería de Montaña de Mendoza en el que se desempeñaban.
Es la primera vez que la Justicia argentina dicta una pena contra un militar por una causa de violencia de género en el ámbito laboral. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, y del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, cuyo titular es el juez Walter Bento, quien resolvió condenar a R.D.S., jefe superior militar.
El magistrado, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, dictó la pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial para el imputado por el término de seis meses para ocupar cargos en el ámbito castrense, por el delito de maltrato a una mujer que tenía un cargo inferior.
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La pena se impuso de acuerdo con el artículo 249 bis del Código Penal en función de los artículos 4 y 5 de Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y los artículos 1 y 2 de la Convención de Belem do Pará.
El ahora condenado, que era jefe directo de la víctima P., se dirigía hacia ella a través de una serie de gritos, malos tratos, hostigamientos, y comentarios de índole sexual, siempre en un marco de abuso de poder y frente a los subalternos de aquélla.
El fiscal Alcaraz junto a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Mariela Labozzetta, habían requerido específicamente que estos episodios de hostigamiento y maltrato, desarrollados en una institución militar, fueran enmcarcados en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del agresor.
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Además, Labozzetta y Alcaraz, remarcaron que la conducta del acusado era especialmente grave por pertenecer a una institución del Estado argentino, obligado en todos sus poderes a asegurar el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de derechos humanos.
El juez dispuso además de la condena, la realización por parte del agresor de un curso de capacitación sobre temas de género, a determinar por la Dirección de Género de la Provincia de Mendoza.
ED / AS
