Más de veinte autos, unos setenta inmuebles y 11 millones de pesos forman parte de los bienes confiscados en la operación denominada Carbón Blanco, donde se desbarató una banda narco en Chaco. Ahora un fiscal federal de esa provincia solicitó que sean destinados a combatir la emergencia sanitaria producto del coronavirus.
Destinar esos bienes a la ayuda para combatir el coronavirus fue una decisión del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Resistencia, Federico Carniel, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), que encabeza Carmen Chena.
Y se pudo tomar luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los imputados, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
¿Qué hacer con los bienes? Sugirieron la posibilidad de entregar esos inmuebles a las autoridades para que se destinen “en forma transitoria y excepcional” para hacer frente a la situación epidemiológica vinculada con el Covid-19.
Propusieron que los autos que estén en condiciones se entreguen provisoriamente y en carácter de depositarios judiciales a las autoridades provinciales vinculadas con las áreas de salud, seguridad u otros servicios esenciales que los pudieran necesitar para trasladar personas y demás elementos para hacer frente a la emergencia sanitaria.
En cuanto al dinero en efectivo decomisado peticionaron que se destine específicamente a cubrir las demandas del sistema de salud de la provincia del Chaco.
Carbón Blanco fue una operación en la que se desbarató a una banda narco que entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 contrabandeó en tres envíos un total de 1.057 kilos de cocaína de una pureza del 80% a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en la ciudad chaqueña de Quitilipi.
Hubo dos juicios alrededor de este caso. Uno vinculado con el tráfico de drogas y otro por el lavado del dinero, en el que se declaró culpable a tres personas y se ordenó el decomiso de estos bienes, entre ellos setenta inmuebles, 26 automotores, dinero en efectivo secuestrado y dinero depositado en cuentas identificadas en diferentes bancos.
El MPF destacó que la ilegalidad de los bienes se debe “resignificar a través del proceso penal y una sentencia, que devuelva a la sociedad una utilidad pública”.
