El caso de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), acusada de "asociación ilícita", "trata de personas" y "lavado de activos" en la causa conocida como "La secta del horror", sumó un nuevo capítulo. Meses después de que se volvieran a confirmar los procesamientos de 17 acusados, el principal denunciante irá a juicio por "calumnias e injurias" tras una demanda que le inició su propia madre, a quien señaló como "víctima y victimaria" de la organización.
Se trata de Pablo Salum, influencer y activista "Anti-Sectas", que en 2021 declaró bajo identidad reservada- luego dio a conocer su nombre- en contra de la EYBA, fundada por el contador Juan Percowicz. En su denuncia, sostuvo que su madre, Graciela Alarcón, y sus hermanos, Germán y Andrea Salum, fueron “esclavizados” por la agrupación, razón por la que se vio impedido de tomar contacto con ellos.
Su testimonio - al que luego se sumaron otros cuatro testigos reservados- dio inicio a la investigación, que salió a la luz en 2022, cuando el juez federal Ariel Lijo ordenó 50 allanamientos y la detención de 20 sospechosos.
La Escuela de Yoga, que funcionaba en un edificio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, ya había sido investigada en 1993, cuando Percowicz y otros miembros fueron acusados de cargos similares bajo la hipótesis de que se trataba de una asociación criminal que captaba personas para someterlos a explotación sexual y laboral y quedarse con sus bienes. El caso pasó por tres jueces, Mariano Bergés, Roberto Murature y Julio Corvalán de la Colina, pero finalmente no avanzó por falta de mérito.
Salum había ido con su madre por primera vez cuando tenía ocho años. Dejó la organización cuando tenía 12 y declaró durante la causa que comenzó en los años '90, pero el juez de la Colina decidió descartar su declaración al considerar que estaba "muy condicionado" por la situación familiar. En el 2000, los acusados fueron sobreseidos.
En la EYBA se dictaban clases de autoayuda, signadas por filosofía occidental y oriental, además de espiritualismo "new age". Se realizaban diferentes actividades y con las donaciones de sus seguidores se fue estableciendo la organización, que posteriormente fue acusada de ser una “secta” de carácter sexual, que presuntamente coaccionaba a sus integrantes mujeres para que practicaran la prostitución y lavaban dinero al adquirir bienes.
El impulsor de la Ley Anti- Sectas y fundador de la red LibreMentes afirmó que en realidad se trataba de una asociación que realizaba la "persuasión coercitiva, técnicas de control psicológico y manipulación, que se llevan adelante detrás de un montón de fachadas y detrás de un montón de doctrinas". Además, destacó que no tiene más vínculo con su madre y su hermana, quienes siguen participando en la EYBA, ni su hermano, que la abandonó en 2013.
La denuncia contra Pablo Salum
El juicio por calumnias e injurias que inició Alarcón -que fue vocal de la EYBA- contra su hijo fue en respuesta a las gravísimas acusaciones. "Está pidiendo mi encarcelamiento y el de sus dos hermanos y yo soy madre de los tres, creo que mis hijos mayores merecen que yo hable, exponer a Pablo y cuidarlos a ellos", indicó la mujer en diálogo con el periodista Alejandro Agostinelli.
"Usa mi nombre e imagen en campañas públicas vinculadas a su activismo anti-sectas y expresó en sus redes sociales sus deseos de muerte hacia mi familia, incitando al odio y a la violencia a sus seguidores y generando un riesgo para mi integridad física y psicológica”, añadió Alarcón, que ingresó a la Escuela de Yoga en la década de los ochenta. En 2023 ya había denunciado a Pablo por "violencia familiar", por lo que le asignaron un botón antipánico.
El proceso contra su hijo iba a comenzar en diciembre, pero finalmente se postergó hasta el 10 de febrero próximo, por cuestiones de su abogado defensor y la feria judicial. Ante esta situación, Andrea Salum, hermana de Pablo, lo describió como una persona muy conflictiva y publicó en su cuenta de X: "Esta es la verdad que mi hermano no les cuenta. Fue siempre muy violento, golpeó y robó a nuestra madre. Después vinieron las mentiras, las denuncias falsas y la impunidad".
Germán Salum, en tanto, también rechazó las demandas realizadas a lo largo de los años por su hermano, comentó que en la EYBA jamás vio que hayan explotado sexualmente a las alumnas y que nunca hizo una "cura del sueño" ni tuvo conocimiento de servicios de ese tipo en la institución. "Es un resentido, quiere venganza. No es cierto que quiere rescatar a la familia, él siempre supo donde estábamos y nunca respetó nuestra decisión ni la de mi madre", dijo en un reportaje a ElDiarioAr, en 2022.
El hombre nunca fue imputado en la causa que se tramita en el juzgado de Lijo y fue citado declarar como testigo. La inmobiliaria familiar, Salum Propiedades, fue apuntada por los fiscales del caso como una de las firmas que supuestamente lavaba dinero para la organización, lo cual también negó.
Tras conocerse el juicio por agravios que le inició su madre, y que se realizará en el Tribunal Oral N°13 de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Salum expresó que buscan "condenarlo por decir la verdad". La red LibreMentes indicó en un comunicado: "Alertamos sobre un grave caso de revictimización judicial; querellante en este juicio es la propia progenitora de Pablo, una de las líderes de la cúpula de la organización, que fue elevada a juicio", denunciando supuestas acciones de corrupción y complicidad para "silenciarlo".
Caso Escuela de Yoga: ratificaron los procesamientos
El 23 de abril pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó los procesamientos contra los 17 acusados de formar una asociación ilegal por "trata de personas con fines de explotación sexual", "lavado de activos" manejar una presunta "clínica ilegal" donde presuntamente los alumnos eran sedados durante días.
La resolución fue en línea con lo dictado en diciembre de 2024 por el juez Lijo, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4, que dio lugar al pedido realizado por el fiscal Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Según la acusación, los sospechosos prometían “mejoras espirituales” y luego sometían a la servidumbre a las presuntas víctimas o, en algunos casos, los hacían ofrecer servicios sexuales a personas millonarias o con mucha influencia y vínculos con el poder.
Además de Percowicz, de 86 años, fueron imputados Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd y Federico David Sisrro. La Cámara también revocó el sobreseimiento de uno de los imputados, que se desempeñaba como médico clínico.
En 2024, la Cámara Federal de Casación había dictado la “nulidad” de la elevación a juicio dispuesta por Lijo al considerar que no estaba acreditada la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia. Asimismo, a excepción de una mujer, las presuntas víctimas de trata no se reconocieron en esa condición al ser peritadas por el Cuerpo Médico Forense.
De todas formas, los fiscales tienen en cuenta la presunción de vulnerabilidad, con la hipótesis de que pudieron haber sido engañadas con falsas promesas o manipuladas con el fin de ser explotadas. El fallo de abril tuvo los votos en mayoría de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun -y en minoría, de Eduardo Farah-, en el cual los camaristas sostuvieron que las defensas se basaron en los informes del Cuerpo Médico Forense y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), pero "omitieron pronunicarse sobre cualquiera de todas las otras constancias materiales".
Así, Izurzún manifestó que "los indicios de cargo existentes habilitan el mantenimiento de los procesamientos (…), y será en la -hasta ahora eventual- etapa de juicio donde habrán de darse el amplio debate que proponen confrontándose las pruebas que ambas partes invocan en apoyo de sus pretensiones".
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó más de un millón y medio de dólares, joyas y monedas de oro; y de acuerdo a lo estimado, la organización contaría con un patrimonio de al menos 50 millones de dólares, depositados en cuentas radicadas en Estados Unidos. Además, se encontraron juguetes sexuales, videos pornográficos y libros sobre erotismo, entre otras cosas, pero desde las defensas se sostuvo que serían objetos de la vida privada de las personas que formaban parte de la escuela, lo que sigue bajo análisis.
FP CP
