Daiana, la prima de Camila Tarocco (26), la joven hallada asesinada en Moreno tras permanecer 11 días desaparecida, estaba sacada. Y con razón. No podía entender por qué el femicida se encontraba en libertad. “Ariel González, el asesino, estaba libre porque un juez le otorgó la prisión domiciliaria y lo mandó a la casa sin una tobillera y sin custodia. Queremos justicia y que ese juez renuncie o dé una explicación pública por haberle dado la domiciliaria”, reclamó.
Ese juez es Gabriel Castro, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno. Tiene 56 años, y hace ocho que ocupa ese cargo. Asumió en junio de 2012, después de ganar el concurso con acuerdo del Senado y decreto del Ejecutivo bonaerense.
No tiene afecto por los actos protocolares ni por la prensa. Hay una anécdota que lo describe casi a la perfección: el día de la inauguración del juzgado que iba a presidir, inexplicablemente, no quiso hablar con nadie. Los medios locales habían sido convocados para el evento, pero el único que habló para esa ocasión fue el secretario que tiene hoy: Javier Ulrich.
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La creación de este juzgado, ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina Chorroarín, sirvió para descomprimir el Departamento Judicial de Mercedes, que tenía que atender las causas iniciadas en este partido, muchas de ellas relacionadas con delitos de sangre.
Castro fue el que avaló el arresto domiciliario de González, que estaba acusado por robo pero además tenía pendiente un juicio por violencia de género.
En estos años, el juez Castro intervino en varias causas mediáticas, pero hay una que lo marcó a fuego: el hallazgo de los bolsos con dólares del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López. Castro se declaró incompetente en la causa por “enriquecimiento ilícito” contra el ex funcionario, pero sí actuó en el expediente que se inició por la portación ilegal de arma de fuego. En el convento, además de los casi 9 millones de dólares, López dejó un rifle semiautomático suizo marca Sig Sauer, modelo 522LR.
En julio de 2016, Castro dictó su procesamiento con prisión preventiva. Por este delito, el ex secretario de Obras Públicas aceptó su culpabilidad y pactó una condena a un año y siete meses de prisión en un juicio abreviado.
Este magistrado también intervino en uno de los expedientes que más afectaron la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal: las muertes de los docentes Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, fallecidos en la explosión en la escuela 49 de Moreno. Castro avaló la detención del gasista matriculado Christian Ricobene, pero diez días después ordenó su libertad, aunque le pidió que pagara una fianza de 200 mil pesos. En diciembre del año pasado dio por cerrada la investigación y pidió que el caso fuera ventilado en juicio oral y público.
Otra decisión que despertó polémica tuvo que ver con la libertad anticipada otorgada al hijo del ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. En diciembre de 2015, benefició a Carlos Nair con prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que había sido detenido seis meses antes con una pistola y junto a un joven armado con un fusil, tras el crimen de un adolescente al que conocían. Castro le fijó una caución real de 500 mil pesos y le permitió continuar el proceso en la casa del marido de Zulemita Menem, en el Golfers Country Club, en Pilar.
Hace dos años y medio, los familiares de Rubén Darío Jovanovich (45), asesinado a tiros en Moreno, hicieron un piquete en la puerta del juzgado reclamando su recusación por haberle otorgado arresto domiciliario al presunto asesino, a cambio de una fianza de 800 mil pesos.
“Esto es algo nunca visto, que con cuarenta días de arresto dejen ir a su casa a un asesino a sangre fría que utilizó un arma 12/70 y no le dio ni una ventaja a la víctima”, reclamó un familiar. La decisión del juez no cambió.
En febrero de 2019, el acusado fue baleado en la puerta de su domicilio de Campana. Se salvó de milagro. Nueve meses después, la Justicia entendió que era culpable, pese a las dudas de Castro, y terminaron condenándolo a 12 años y seis meses de prisión.
