La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar con la investigación contra el ex juez Luis Zelaya por no investigar a un grupo de policías federales por las torturas aplicadas a un ex policía para que confesara su participación en el secuestro que en 1991 sufrió el expresidente Mauricio Macri, y también, en otro caso, los tormentos a los que fue sometido un ciudadano uruguayo, para que declarase contra un abogado.
El ex policía Juan Carlos Bayarri -quien pasó más de una década preso acusado de haber participado en el secuestro de Mauricio Macri- denunció que fue golpeado y torturado junto a su padre para que confesara su intervención en la captura del expresidente. Bayarri acusó al entonces juez Zelaya por haber protegido a los oficiales que participaron en la agresión, cuando tuvo que investigar esos apremios, y los sobreseyó.
La trama oculta de torturas y cárceles que rodeó el secuestro de Macri
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal falló este miércoles en el mismo sentido del dictamen del Procurador Eduardo Casal y dio vuelta la sentencia de la Cámara de Casación Penal. Casal advirtió que ese tribunal había hecho “una vez más” una “parcial valoración de la prueba” contra Zelaya.
La Corte ya intervino en esta causa en 2014. En ese momento, había ordenado que se dictara una nueva sentencia sobre la situación del entonces juez, que fue sobreseído en las instancias anteriores.
Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que Casal advirtió -y el Máximo Tribunal votó en igual sentido- que en el fallo de la Cámara de Casación se desvirtuaron “las declaraciones de funcionarios y empleados del juzgado a cargo de Zelaya, que dijeron que éste admitió que los imputados golpearon duramente al querellante, y que se negaba a dictar sus procesamientos debido a la repercusión que tal decisión podría tener en otra causa que tramitaba en el fuero federal” por el secuestro.
Las condenas por el secuestro de Mauricio Macri
En la madrugada del 25 de agosto de 1991, Macri, entonces directivo de la empresa familiar SOCMA, fue secuestrado cuando llegaba a su casa de Barrio Parque. Pasó doce días encerrado en el sótano de un local ubicado en la avenida Juan de Garay 2882, del barrio porteño de Boedo. Fue liberado ileso.
Por el caso fueron juzgados y condenados por el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral los integrantes de la denominada “banda de los comisarios”, quienes habían secuestrado a otros cuatro empresarios, entre 1978 y 1991, uno de los cuales fue asesinado. Entre los condenados estaba el ex suboficial Bayarri.
Pero Bayarri denunció que su confesión en el caso del secuestro de Macri fue producto de golpes y torturas que le aplicaron policías durante su interrogatorio. Apuntó contra Carlos Sablich, comisario inspector y jefe de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, uno de los principales responsables de la liberación de Macri.
La denuncia de Bayarri llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2008, condenó al Estado argentino a pagar una indemnización, por haber violado sus derechos humanos por haber estado más de 10 años preso.
Casal apuntó a los jueces de Casación Borinsky y Gemignani
Casal fue muy duro en su dictamen contra los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, que firmaron el fallo de la Cámara de Casación. Dijo que la evaluación que hicieron de la prueba en este caso fue “defectuosa y fragmentaria” y que se apoyaron en “afirmaciones dogmáticas e inferencias sin sostén jurídico que no solo parecen responder a la exclusiva voluntad de los jueces”.
Sostuvo además que la sentencia que firmaron “implicó desoír el mandato impuesto” por la Corte en su anterior sentencia “en el que se precisaron las pautas de fundamentación que debían ser respetadas en el nuevo pronunciamiento, lo que, en mi opinión, demuestra un manifiesto desinterés en acatar las decisiones del Tribunal que, ciertamente, implica un desconocimiento de la superior autoridad de la que está institucionalmente investida la Corte Suprema”.
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