Luego de la amenaza a la familia de Lionel Messi y una disputa a cielo abierto entre dos gestiones del Frente de Todos, el narcotráfico continúa latente en la provincia de Santa Fe, más específicamente en Rosario, pero con acciones oficiales que buscan terminar con el problema.
Gendarmes en las calles, leyes para fortalecer la Justicia y scanners en las cárceles son algunas de las herramientas que se pusieron en marcha en el último mes.
El problema del narcotráfico data de años en Santa Fe y tomó mayor relevancia mediática a principios de marzo, cuando una persona disparó balas contra el supermercado de la familia de la mujer de Lionel Messi en la ciudad de Rosario. El incidente incluyó una amenaza al intendente de la localidad, el radical Pablo Javkin.
A partir de ese hecho, el gobierno nacional y la administración que lidera Omar Perotti, que pertenecen al mismo signo político, comenzaron a cruzar palabras, en un tono elevado, en torno a la responsabilidad y a la falta de medidas de fondo para atender una cuestión que las partes consideran estructural.
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Una pelea que dejó como saldo una serie de políticas que la Casa Gris, tal como recalca ante PERFIL, espera que se mantengan a lo largo del tiempo y que no significan que se le coloque un punto final a la problemática.
Una de esas disposiciones tuvo que ver mayor presencia de efectivos nacionales, trescientos gendarmes y cien de la Policía Federal para fortalecer la seguridad, que se sumaron a los 575 que ya estaban instalados. Otra, contó con el protagonismo de la Cámara de Diputados, que a fines del mes pasado sancionó un proyecto que fortalece a la Justicia Federal en la provincia para combatir el narcotráfico, una iniciativa con apoyo de todos los diputados santafesinos, inclusive de opositores, como Carolina Losada y Dionisio Scarpin, de Juntos por el Cambio.
No obstante, la propuesta no se trató en el Senado por falta de quórum, algo que encendió la furia en la gestión Perotti, cuya ministra de Gobierno, Celia Arena, salió a cruzar especialmente a los legisladores de la principal coalición opositora, Losada y Scarpin. “Mientras hacen campaña, prioricen las cuestiones que realmente dicen que priorizan”, subrayó.
En el tercer mes del año, además, se colocaron scanners en las cárceles de la provincia, que cuentan con detector de metales, con el objetivo de descubrir elementos prohibidos, y el Servicio Penitenciario local, esta semana, abrió la inscripción para sumar seiscientos efectivos.
El diálogo entre Nación y provincia, tras los cortocircuitos, se mantuvo a lo largo de las semanas y prueba de ello es la foto del último martes que mostró al gobernador, a Aníbal Fernández, encargado de la seguridad de la Nación, y Javkin juntos, en la inauguración de una sede de la Agencia Rosario de la Policía Federal y de un laboratorio de telefonía forense, identificación balística y pericias de voz.
