Políticos opositores, abogados y funcionarios judiciales protestaron en Tribunales contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"En defensa de una justicia independiente", fue la consigna que convocó a poco más de un centenar de personas frente al edificio de Talcahuano al 500, en el microcentro porteño, poco acostumbrado a movilizaciones políticas.
El acto fue convocada por los referentes opositores Mauricio Macri (PRO), Mario Barletta (UCR) y Francisco De Narváez (Frente Peronista). Un grupo de personas se agolpaba sobre las escalinatas de la oficina pública con carteles que rezaban "sin justicia no hay futuro".
"Está pasando lo más grave que ha ocurrido en estos últimos 30 años de democracia y en estos 10 años de kirchnerismo que es presentar -en forma totalmente express- un paquete de medidas que busca someter a la Justicia al poder político de la Casa Rosada", opinó María Eugenia Estenssoro en diálogo con Perfil.com.
"Nosotros vamos a defender la independencia del Poder Judicial. No vamos a apoyar un paquete de medidas para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner y su fortuna, del vicepresidente de la Nación (Amado Boudou) y sus negociados, de los socios del poder, Lázaro Báez, Cristóbal López y compañía. No vamos a acompañar un proyecto que además quiere dejar a los ciudadanos indefensos ante un poder hegemónico", proclamó la senadora.
Ricardo López Murphy consideró que "hay una gran queja sobre la reforma judicial" y que "se requiere un estilo, un procedimiento que no sea abrupto, que sea cauteloso y vaya construyendo consensos" para modificar el Poder Judicial.
El economista explicó a Perfil.com que "estaría a favor de reformas que son muy fáciles de hacer y simplificarían enormemente el sistema judicial. Por ejemplo, resolver el problema del juicio a los jubilados, eso es bastante fácil de hacer y el país tiene experiencia en eso. Si usted sacara los 500.000 juicios que hay ahí, innecesarios porque ya se sabe cómo va a fallar el poder, eso es una reforma judicial inmensa".
Consultado sobre las posibilidades de que los proyectos de ley sean aprobados, López Murphy sostuvo que "si el freno fuera que la Justicia que los declare inconstitucionales, sería preferible que no se genere esa tensión entre los poderes". "Lo prudente sería hacer un proyecto que tenga un consenso tan grande y que respete el marco institucional para no llegar a esa situación", agregó.
El diputado Manuel Garrido aseguró que participó del acto "para oponernos al paquete de reforma de leyes judiciales que entendemos que es perjudicial, que va a implicar una democracia de menor calidad, y avanza sobre la independencia del poder judicial".
Para el exfiscal, la reforma judicial "posibilita es que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en el Consejo de la Magistratura para nombrar y remover jueces". "Cuando el oficialismo habla de democracia, tiene una concepción muy pobre que solo hace referencia a la voluntad de las mayorías, pero se olvida de que el sistema democrático también garantiza protección para las minorías", opinó.
Garrido dijo a Perfil.com que "ni la ley que reduce de manera brutal los mecanismos de protección judicial de los derechos humanos a través de medidas cautelares, ni la ley que permite que el Poder Ejecutivo domine el nombramiento y la remoción de jueces, van en una dirección democrática, en el sentido de democracia como un sistema de contrapesos y protección de las minorías".
Sobre el futuro de los proyectos de ley ante la justicia, aventuró que "esto va a generar un conflicto de poderes. Una vez que el Congreso, como seguramente va a ocurrir, apruebe estos proyectos, se va a generar una gran litigiosidad. Hay muchos proyectos que no superarían un examen de constitucionalidad. Eso va a incrementar los niveles de violencia verbal y ataques al poder judicial y esto tampoco es bueno para la democracia".
