Finalmente, el oficialismo y la oposición lograron llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados que permitirá realizar al menos una sesión antes de las elecciones generales.
El entendimiento se plasmó en un pedido de sesión especial para el martes 26 de octubre, que lleva las firmas de Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, los tres referentes de Juntos por el Cambio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, y legisladores de bancadas minoritarias como José Luis Ramón, Alejandro “Topo” Rodríguez y Alma Sapag.
El vínculo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio había quedado muy resentido desde la fallida sesión del 5 de octubre en la que el oficialismo llamó a una sesión especial para tratar el estratégico proyecto de etiquetado frontal y la oposición se había negado a dar quórum.
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En medio de la campaña electoral, ambos sectores se revolearon culpas a nivel público, pero lo cierto es que en lo privado tampoco lograban ponerse de acuerdo. “De repente están todos apurados”, chicaneaban desde el FdT ante el sorpresivo impulso que buscaba darle un sector de JxC al proyecto de etiquetado, el mismo que encabezaba el temario de la sesión en la que no quisieron bajar al recinto.
Después de varios contactos informales, el Frente de Todos le propuso el último jueves al interbloque opositor la posibilidad de sesionar el martes 26, con la intención de dejar una semana en el medio para sacar los dictámenes que estaban faltando. Ante la propuesta, Juntos por el Cambio realizó una consulta a nivel interno, ya que algunos diputados querían “sesionar ya”, pero triunfó la postura más racional que permitirá además la incorporación de más asuntos a la lista a tratar.
Temario. Con el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable a la cabeza, la próxima sesión mantendrá el plan original que incluía la iniciativa para ampliar derechos a personas en situación de calle y los regímenes especiales para los trabajadores de los sectores vitícolas y frutales.
Por pedido de la oposición se incorporó la prórroga del régimen de beneficios para la producción ovina, que inexplicablemente no había entrado en la convocatoria anterior y la novedad es el tratamiento del proyecto de alivio fiscal impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
La iniciativa fue una de las primeras cartas del Gobierno en el plano económico para apuntalar la campaña del Frente de Todos tras la derrota de las PASO y contempla la condonación de deudas para entidades sin fines de lucro, pymes y pequeños contribuyentes con deudas inferiores a $ 100 mil.
También dispone la ampliación de la moratoria para deudas vencidas al 31 de agosto de 2021, lo que significa un costo fiscal total por las dos acciones de $ 28 mil millones. Tal como sucedió con la modificación al Impuesto a las Ganancias, se trata de un plan para beneficiar a la clase media, lo que en su momento generó la reacción opositora que también pidió al menos un reconocimiento para los cumplidores.
El tema no tiene aún dictamen, por lo que se abrirá el debate en comisión, al igual que el proyecto para garantizar la protección integral para niños y adolescentes con cáncer y la entrada y salida de tropas, que al no estar aprobado por el Congreso generó conflictos con dos buques que no pudieron salir del país para participar de ejercicios militares en Perú.
La CC pide el juicio político de Aníbal Fernández
El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el mensaje “de tinte antisemita y amenazante” que dirigió al humorista gráfico Nik y que, según consideró, “constituye una explícita causal de mal desempeño en sus funciones”.
En el mismo proyecto el espacio que comanda Elisa Carrió denunció que Fernández “no está en condiciones de dirigir el Ministerio en cuestión” por otros motivos como sus “vínculos con personas y causas judiciales vinculadas al narcotráfico e incluso por interferencias del poder político en la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman”.
Tras un repaso de los pedidos de juicio político que viene realizando el partido desde hace más de una década, concluyen que “resulta evidente que el Sr. Fernández es moralmente insolvente o indigno para ejercer el cargo que detenta”.
La polémica comenzó a través de un posteo crítico al gobierno nacional del humorista que fue respondido por el ministro de manera intimidante, con referencias al colegio al que asisten las hijas de Nik.
“Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés”, ironizó Fernández.
El pedido de la CC se suma a otros similares realizados por diputados del PRO encabezados por Fernando Iglesias y por el senador radical Pablo Blanco.
