En el plenario virtual de comisiones de asuntos constitucionales en el que se trataba la Reforma Judicial, el senador Oscar Parrilli refirió al inciso “E”, que indica que los jueces federales deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. “Si bien luego dice de ‘amistades o grupos de presión’, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”.
“Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”, dijo. Ante dichas manifestaciones, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advierte sobre el "riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país".
Parrilli quiere ir contra lo que él llama "poderes mediáticos" en la reforma judicial
Si bien el artículo en cuestión menciona como factores de influencia a los “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”, Parrilli consideró necesario incluir explícitamente a los medios de comunicación. Ello deja en claro que el objetivo es promover mecanismos de intimidación, autocensura o silenciamiento del periodismo a la hora de informar, investigar, opinar o criticar la labor judicial.
Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial. Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.
