La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral en el cierre de la 64ª Asamblea de ADEPA, realizada entre el 9 y el 11 de septiembre en Tucumán. El documento, encabezado por Daniel Dessein, advierte sobre una práctica sistemática de agravios hacia el periodismo argentino desde el poder político y reclama nuevas reglas para el uso de contenidos periodísticos por parte de la inteligencia artificial.
El informe sostiene que la protección de la propiedad intelectual periodística es un pilar para la supervivencia de los medios, ya que el entrenamiento de modelos de lenguaje con contenidos protegidos, sin compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa. ADEPA también cuestionó la concentración publicitaria de las grandes plataformas tecnológicas y pidió un ecosistema mediático más competitivo y transparente.
El documento repasa dos episodios recientes que atribuye a los ataques del Gobierno contra el periodismo. El 25 de agosto, el ministro de Economía reaccionó ante una publicación que consideró falsa y planteó que era necesaria una ley que castigue ese tipo de conductas, con el respaldo público del Presidente. ADEPA advirtió que una norma orientada a castigar publicaciones desde el propio poder generaría un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación periodística.
Tres días después, durante una charla ante alumnos de la Escuela ORT en Buenos Aires, el Presidente volvió a atacar a la prensa. Tras leer un pasaje sobre el mandamiento "no robarás", dijo que "esto le vendría bien a los periodistas" y alentó a los estudiantes a "hacerlo más fuerte" ante el abucheo que provocó. Para ADEPA, el episodio comprometió la investidura presidencial e incentivó a menores a manifestar hostilidad hacia el periodismo.
El informe cuantificó la magnitud de la hostilidad digital contra la prensa argentina. Entre el 17 y el 23 de agosto se registraron 335 mensajes contra periodistas compartidos por la cuenta presidencial, sumados a 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en actos públicos. En ese período fueron mencionados al menos 16 periodistas y nueve empresas de comunicación, con calificativos como "periodistas corruptos", "sicarios del micrófono" y "simios con micrófono".
ADEPA también alertó sobre las restricciones de acceso a fuentes oficiales. En abril había cuestionado las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, que luego se extendieron a todo el edificio. En junio objetó una resolución del Ministerio Público de San Juan que concentraba las consultas de prensa en una única autoridad y podía derivar en un monopolio oficial de la información.
El documento destacó además varios fallos judiciales favorables a la libertad de expresión. La Justicia de San Isidro revocó restricciones de contacto impuestas a periodistas en el caso de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el periodista Daniel Santoro fue sobreseído en la causa vinculada con Marcelo D'Alessio y se ordenó restituir las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
ADEPA advirtió por el deterioro del clima público y pidió frenar el hostigamiento al periodismo
En sus conclusiones, ADEPA remarcó que no corresponde pedir silencio a los funcionarios sino que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas del sistema republicano. Señaló que la democratización de la crítica no debe confundirse con la legitimación del hostigamiento y que la respuesta a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial ni la restricción del acceso a las fuentes.
El informe cerró vinculando el hostigamiento político con la apropiación de contenidos por sistemas de inteligencia artificial. Para la entidad, ambos fenómenos forman parte de un mismo problema, la pérdida de valor de la información periodística profesional y de las condiciones que permiten producirla y discutirla democráticamente.
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