El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que con el Decreto 941/2025 el Gobierno puso a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al servicio del espionaje interno. La ONG denunció que las reformas impulsadas por el oficialismo en el sistema habilitan prácticas prohibidas por la ley y representan “un grave retroceso” en materia de derechos humanos y garantías democráticas.
Uno de los puntos más criticos señalados por el organismo es la falta de precisiones entre la inteligencia dedicada a amenazas exteriores y la vigilancia de los ciudadanos dentro del territorio nacional. Según el CELS, el nuevo marco normativo permite que la SIDE pueda intervenir en asuntos de seguridad interior, una práctica que estaba estrictamente prohibida desde el retorno de la democracia para evitar los abusos sistemáticos ocurridos durante la última dictadura militar.
“El Gobierno está configurando un ‘Estado policial’ donde cualquier grupo social, opositor o activista puede ser considerado una amenaza desestabilizadora”, advierten desde la entidad. Además, mencionan tres ejes de preocupación inmediata.
El primero es la facultad de aprehensión ya que el DNU habilita a los organismos de inteligencia a realizar tareas operativas que incluyen la posibilidad de detener personas, una función que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad bajo orden judicial.
Otro punto cuestionado es el uso de fondos reservados: se indica que existirá un incremento exponencial del presupuesto, lo que garantiza la “opacidad” en el manejo de los recursos públicos y facilita el financiamiento de operaciones ilegales de inteligencia.
Por otro lado, se menciona que existirá un riesgo latente de monitoreo de la opinión pública. Porque “la SIDE contará con la potestad de vigilar y controlar todo aquello que se defina como un riesgo interno. La lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en nuestro sistema de inteligencia. Además, la reforma implica un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas”, indicó.
Para el CELS, esta medida representa el retroceso más grave en materia de libertades individuales de las últimas décadas. Al permitir que la inteligencia estatal se inmiscuya en la vida privada de los habitantes para fines políticos, se vulneran derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
La organización pidió que el Congreso rechace el DNU y a la Justicia para que intervenga ante lo que consideran una violación flagrante de la Constitución Nacional. En este marco, el bloque de Diputados de Unión por la Patria ya presentó un proyecto de resolución en rechazo del decreto 941. La iniciativa fue impulsada por la diputada Lorena Pokoik, junto a Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisnero, entre otros legisladores del bloque.
Según argumentan desde la organización, el decreto modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin la intervención del Congreso y redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. En particular, cuestionan que el DNU habilite a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades, una atribución que consideran incompatible con el orden constitucional.
Por último, se mencioona que este movimiento consolida “un modelo centralizado de producción, control y circulación de información e inteligencia. La nueva SIDE hace acordar a la vieja SIDE”.
“Desde diciembre de 2023 el gobierno impuso una primera reforma del sistema de inteligencia por decreto (DNU 614/24) y avanzó con lineamientos estratégicos y órdenes operativas para hacer inteligencia sobre lo que considera amenazas internas a la gobernabilidad y la conflictividad social”, recordó el CELS sobre lo que busca el oficialismo.
