Hace unos días, los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y de Irán firmaron un memorando de entendimiento sobre la cuestión del atentado a la AMIA. Los memorandos de entendimiento son una de las formas básicas utilizadas para acordar formalmente la voluntad de dos o más partes, por lo general representantes de gobiernos. La forma más elaborada y compleja es el tratado. A diferencia del memorando, el tratado compromete la voluntad de una nación, y su incumplimiento genera sanciones. Al obligar a la nación y no sólo al gobierno que ocasionalmente los firma, los tratados requieren la aprobación del Poder Legislativo.
Por lo tanto, lo que fue firmado en Etiopía no requiere aprobación legislativa. Pero, curiosamente, el texto firmado indica lo contrario: “Este acuerdo será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de conformidad con sus leyes”.
Esta dista de ser una cuestión formal. Si se sigue el procedimiento legislativo, el memorando devendrá tratado y se convertirá en ley. Su vigencia se prolongará en el tiempo con independencia de los gobiernos. Si, por ejemplo, al final de este oscuro sendero se acordara una indemnización a los familiares de las víctimas en lugar del enjuiciamiento y condena de los culpables (así sucedió en Libia con el atentado ordenado por Kadafi al vuelo 103 de Pan American), nunca podríamos volver atrás.
Una aprobación legislativa de este acuerdo significaría entonces que la Argentina, no sólo el Gobierno actual, habría aceptado la impunidad.
¿Qué busca el memorando-tratado? Al inicio del texto se señala el objetivo de la acción conjunta: “Se creará una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán”.
Aquí se nota otra originalidad del memorando-tratado: la creación de una Comisión de la Verdad entre dos países. Este es el primer caso en que una comisión de este tipo no está compuesta por partes del mismo país. En todos los casos conocidos, una Comisión de la Verdad se forma entre dos o más sectores de una sociedad para que todos den su testimonio sobre un conjunto de hechos sucedidos, siempre violentos y que generaron muertes, persecuciones y destrucción.
Una Comisión de la Verdad se establece para saber lo que pasó, no para castigar a los culpables. Quienes la componen reconocen que los responsables de los delitos no podrán ser enjuiciados y acuerdan la reconstrucción histórica; se ponen rostros a los victimarios. Unos no tienen poder para enjuiciar y los otros poseen el suficiente para no dejarse enjuiciar.
Extrañamente, tras varias críticas, llegando a calificar el acuerdo de “trampa”, miembros de la DAIA y la AMIA dijeron hace cuatro días –en un llamativo cambio de posición– que “ahora que les habían aclarado lo que se quería decir en el texto, veían su utilidad”.
Disculpe, lector, mis reiteraciones, pero lo hago tratando de evitar la engañosa ilusión de quienes sufren: la intención de los tratados no se aclara, se escribe. Si hay una intención por parte del Gobierno que va más allá del texto, esa intención no tiene valor. Lo que vale es lo que está escrito, no su interpretación.
El memorando-tratado reemplazará a la Justicia. Irán puede mostrar lo que acordó, y allí no hay una sola palabra que obligue o sugiera la posibilidad de un juicio.
La Comisión de la Verdad no es la antesala de la Justicia. Siempre ha sido así. El magistrado Raúl Zaffaroni sostiene que éste es el comienzo del camino judicial y que fue una equivocación hablar de Comisión de la Verdad. Qué error notable para un juez: el nombre designa correctamente lo que es, y no hay nada en el texto que indique la posibilidad de acción judicial posterior. Lo que no está en el tratado no está en el mundo.
Otro hecho llamativo, sobre el cual no se ha oído ninguna explicación, es la inexplicable razón por la cual el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, firmó este texto. A cambio de aceptar que sus funcionarios testimonien ante esta Comisión y autoridades judiciales argentinas, ¿alguien explicó qué gana Irán?
Hace casi 18 años que sucedió el atentado, uno de los más grandes actos terroristas antijudíos desde el final de la Segunda Guerra en el mundo. Sin embargo, el régimen iraní convivió con la sospecha sin que pareciera sacarle el sueño. ¿Por qué ahora este afán de purificación? Puede, lector, que mi información limitada me lleve a ignorar cosas obvias. Pero no imagino, ni vi que otros conocieran, la razón de la contrición.
El presidente Ahmadinejad, lamentable producto de la historia del último medio siglo de su país, no es un individuo con quien se pueda hacer un acuerdo. Es responsable de una brutal represión interna, de la muerte de muchos de sus compatriotas que objetaron los resultados electorales, es homofóbico y niega la existencia del Holocausto. Es un activista del negacionismo. Organizó en su país congresos “mundiales de expertos” para demostrar la falsedad histórica de la Shoah, la catástrofe humana del siglo XX. En esos congresos estuvieron presentes escritores, actores, políticos de varios países, casi todos ellos con condenas de cárcel en sus países por delitos raciales.
En el atentado a la AMIA murieron 85 personas. Eran trabajadores y estudiantes argentinos, chilenos, bolivianos y polacos. Y ahora, el Gobierno nos dice, lector, a usted, a mí y otros muchos, que deberíamos creer que no sólo no se podrá hacer justicia, sino que la verdad sobre las causas de esas muertes será indagada por representantes de un país que desconoce, rechaza y niega la exterminación de seis millones de personas.
Creo que cometeríamos un acto de estupidez histórica. Pero si Irán no buscó esto, ¿quién lo hizo? ¿Por qué?
En el pasado mes de octubre, la agencia de noticias iraní FARS publicó la siguiente información: “El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad dijo que una vez que las investigaciones tuvieran lugar de forma precisa e imparcial, recién entonces se habrá preparado el terreno para la expansión de las relaciones comerciales entre Irán y la Argentina”. Por lo tanto, el señor Ahmadinejad pone (¡él, no los argentinos!) como condición la investigación, y, una vez que quede bien claro todo, nuestro país podrá aumentar sus exportaciones.
El negacionista quiere la verdad sobre 85 muertes, la mayoría judía. Parece que, entonces, si nosotros permitimos que se conozca la verdad, tendremos como recompensa un comercio ampliado. Hoy vendemos por valor de 1.200 millones de dólares e importamos por veinte millones. ¿Cuánto más vale la verdad?
¡Qué historia rara, lector! Si el Congreso aprueba este memorando, será tratado y no tendremos vuelta atrás. Por lo menos, tratemos de no comprometernos para siempre con este “hecho histórico”. Que sea, sólo, una de las tantas cosas de este Gobierno, que serán desandadas. No le pongamos a la impunidad el sello de la nación.
* Exministro de Relaciones Exteriores y Culto
