Mientras el presidente Javier Milei vende el RIGI en la "Argentina Week" en Nueva York como el garante de la seguridad jurídica y un imán para los capitales extranjeros, un feroz roce corporativo entre gigantes mineros del cobre puso en duda la claridad de las reglas que exigen las inversiones. En San Juan, aspectos regulatorios por el uso de la infraestructura energética demoran el inicio de las obras más grandes de extracción de cobre y hasta podría obligar a frenar algunas de las iniciativas.
El detonante de este conflicto fue la Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que le otorgó al megaproyecto Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de la provincia cuyana por los próximos 25 años.
Esta decisión del Gobierno nacional habilita, en la práctica, a una sola compañía privada a gestionar de forma preferencial el corredor estratégico Nueva San Juan-Rodeo, la columna vertebral energética de la región de Calingasta. La maniobra provocó un reclamo inmediato en parte del ecosistema minero, que advierte que otros proyectos de inversión millonaria —actualmente en fase de ejecución y bajo el paraguas del RIGI— podrían quedar supeditados a la voluntad de un competidor directo para acceder a la energía básica necesaria para operar.
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El déficit estructural y el nuevo paraguas legal
El conflicto expone uno de los mayores cuellos de botella de la economía argentina: el colapso del tendido eléctrico. Conducido por la doctrina del déficit cero y marginado del financiamiento externo por un riesgo país superior a los 500 puntos, el Gobierno se retiró de la obra pública y dejó de costear las líneas de alta tensión. Para puentear esta parálisis, el oficialismo introdujo reformas en la Ley Bases que derivaron en el Decreto 450 (artículo 31 bis) y la Resolución 311/25 de Energía. Esta nueva arquitectura legal propone una salida de mercado: permite que los grandes polos industriales desembolsen sus propios dólares para ampliar la red, garantizándoles como contraprestación la prioridad de despacho sobre esa nueva infraestructura.
Bajo este nuevo andamiaje legal, Vicuña —un complejo que integra los pórfidos Josemaría y Filo del Sol y prevé una inversión de al menos USD 7.100 millones— solicitó ampliar la red para abastecer una demanda inicial de 260 MW. El plan empresario contempla la readecuación de estaciones transformadoras y la construcción de unos 220 kilómetros de líneas eléctricas, asumiendo un costo de financiamiento privado estimado entre 400 y 500 millones de dólares.
El nudo técnico y la presentación de Los Azules
El foco de la disputa radica en la capacidad real de la línea de extra alta tensión. En los papeles, el tendido debería soportar 500 MW, pero en la actualidad opera con una capacidad significativamente menor. Las empresas competidoras argumentan que la prioridad de despacho del 90% que otorgó el ENRE no se limitaría exclusivamente a la nueva ampliación financiada por el privado, sino que impactaría sobre la red preexistente.
La reacción corporativa fue liderada por la operadora de Los Azules, cuyos máximos ejecutivos participan al mismo tiempo de la "Argentina Week" en Estados Unidos. La minera presentó una oposición formal contra la Resolución 079/26, considerando que la medida otorga una "ventaja desproporcionada" a Vicuña en el uso de los activos públicos. Para los financistas de Los Azules, la decisión entra en colisión con los objetivos del RIGI: al poner en duda la garantía de abastecimiento eléctrico, la empresa advierte que enfrenta una demora forzada que altera su estricto cronograma de desembolsos de capital (Capex), obligándola a rearmar su ingeniería energética desde cero y asumiendo una pérdida millonaria de dinero.
Desde la vereda de enfrente, la defensa de Vicuña asegura que la publicación del ENRE no les otorga "exclusividad", ni un control absoluto sobre la infraestructura de San Juan. En los despachos de la firma explican que se trata simplemente del procedimiento habitual en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Amparados en el principio de Open Access (acceso abierto), aclaran que la prioridad se limita "únicamente sobre la capacidad adicional que genera esa obra", sin impedir que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones. De hecho, argumentan que el expediente ya superó el filtro técnico de Transener, CAMMESA y las distribuidoras del área, quienes validaron la viabilidad de la solicitud.
Otros actores de la zona, como el proyecto El Pachón (liderado por Glencore), optaron por un perfil más conciliador. La anglo-suiza aseguró que, por sus alternativas técnicas, no ven necesario oponerse a la resolución, aunque sugirieron buscar "sinergias para el desarrollo de la infraestructura necesaria".
Tensión política
Más allá del debate regulatorio, la resolución levantó un fuerte polvo político e institucional. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) de San Juan presentó una dura oposición fundada de carácter procedimental, técnico y jurídico, exigiendo al ENRE abstenerse de otorgar la autorización y convocar a una Audiencia Pública. En su descargo oficial, el organismo técnico advirtió que "la pretensión de capturar el 90% de la capacidad remanente constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular".
La tensión derramó a los territorios, poniendo en estado de alerta a los intendentes de Iglesia (hogar de Vicuña), Calingasta (donde operan Los Azules y Pachón), Jáchal y Ullum.
Sin embargo, en la cúpula del Gobierno de Marcelo Orrego intentan poner paños fríos. A pesar del dictamen técnico de su propio ente regulador, en la Gobernación ratifican que "no hay conflicto" de fondo y que la relación con la empresa es muy buena. Argumentan que se trata de un proceso largo y que todavía existen instancias institucionales para alcanzar acuerdos entre Vicuña y el resto de las mineras. Orrego, un socio estratégico que aportó votos clave para la Ley Bases, hace equilibrio pragmático para no tensar su vínculo con la Casa Rosada ni espantar un flujo de dólares vital para la provincia.
AM/ML
