El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y posible destitución de jueces, será una de las mesas de poder donde se darán importantes movimientos a partir del 10 de diciembre. Con 13 miembros que representan a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al sector académico, de los jueces y de los abogados, el organismo se prepara para una nueva etapa en la que la negociación será clave para lo que viene. En ese sentido, ya comienza a hablarse del “albertismo” y se abren las especulaciones sobre quién o quiénes serán su “voz y voto” en el organismo.
El o la consejera en representación del Ejecutivo saldrá del Ministerio de Justicia y tendrá un lugar clave, porque será quien se convierta en el enlace entre la Casa Rosada y el organismo. Aunque no hay mayores precisiones, las versiones más fuertes indican que el elegido podría ser Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo “Wado” De Pedro y quien lo acompañó en sus pasos por el Consejo, como asesor. De Pedro es un hombre de confianza tanto del “albertismo” pero sobre todo del “cristinismo” y conoce a la perfección el organismo, algo similar a lo que sucedería con Ustarroz.
De Pedro, actual consejero, tiene seguro destino en el Poder Ejecutivo a partir del próximo 10, y por eso deberá dejar la banca que ocupa la Cámara de Diputados y con eso también su lugar en el Consejo. En ese sentido, quien asoma con más fuerza para reemplazarlo es Vanesa Siley, que cuando fue designado De Pedro quedó como su suplente. Mercedina como él y Ustarroz, Siley es diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sitraju). De concretarse su llegada y la de Ustarroz, ambos conformarían un tándem fuerte en el organismo.
La otra pata del Frente de Todos sería el senador chubutense Mario Pais, quien ya tiene experiencia en el Consejo y a quien, por sobre todo, se le reconoce una enorme capacidad de diálogo con todos los sectores. Algo fundamental en los tiempos que se avecinan.
Porque en el mapa del Consejo, de los 13 miembros (tres jueces, dos abogados, tres senadores, tres diputados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del sector de las universidades) solo seis de ellos tienen la continuidad asegurada: los magistrados Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; los abogados Juan Pablo Más Vélez y Marina Sánchez Herrero; y el representante del sector académico, Diego Molea. Los representantes de los legisladores, en tanto, podrían llegar a cambiar en base a acuerdos políticos. Por el momento, de todas formas, solo tres consejeros cambiarían: el representante del Ejecutivo, el de la minoría del Senado (la radical Inés Brizuela y Doria asume como intententa) y el lugar de De Pedro (si efectivamente deja su banca de diputado).
Pero por fuera de los nombres, en el Consejo miran las mayorías y en ese sentido todo indica que será para el justicialismo. Porque no solo tendrá al representante del Ejecutivo, a dos senadores, a dos diputados sino que podría tener en tener de su lado a Lugones y Molea, con quienes ya contaron en varias ocasiones. De esa forma suman siete y el macrismo y el radicalismo quedarían con 6. Por la dinámica interna, para objetivos centrales, como enviar a juicio político a un magistrado necesitan otros dos votos, por los que deberán negociar con otros consejeros e ir tejiendo alianzas en base a las distintas necesidades u objetivos.
Bonadio y Canicoba, entre los pendientes
La nueva conformación del Consejo de la Magistratura podría terminar decidiendo sobre la suerte de varios magistrados. En especial porque en la última reunión de la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación y Plenario, se postergó la decisión de tratar la desestimación de denuncias contra los jueces Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral.
La razón por la que se decidió, primero en la Comisión y luego en el plenario, la postergación del tratamiento de esos expedientes fue porque, en el caso de Bonadio, no llegó aún la prueba solicitada, y en el de Canicoba Corral, porque ingresó a último momento. Esto no dio tiempo a que los consejeros integrantes de la comisión para que pudieran analizarla, según se argumentó en la última reunión por parte de quienes propusieron postergar el tratamiento de dictámenes ya elaborados.
En ambos casos, parte del oficialismo actual tenía especial interés en que se cerraran las investigaciones contra los jueces que supieron tener decisiones favorables al Gobierno.
