El fiscal Guillermo Marijuan se trasladó a Santa Cruz desde donde dirigió allanamientos a propiedades de Lázaro Báez, entre ellas las dos estancias que el financista "arrepentido" Leo Fariña había apuntado como los lugares donde estaría enterrado parte del supuesto tesoro del detenido empresario kirchnerista, asi como también galpones donde el empresario detenido guardaba su flota de autos. También allanaron las oficinas del contador del empresario K, César Andrés.
Las estancias "Cruz Aike" y "Julia", en El Calafate, forman parte del medio centenar de diligencias y allanamientos fijados por Marijuan, luego de que el juez federal Sebastián Casanello delegó en sus manos esta parte de la investigación. Según informó TN, en una de las estancias encontraron tierra removida por lo que este miércoles desplazarían retroexcavadoras para averiguar el motivo del movimiento.
Los allanamientos fueron llevados adelante con fuerzas de seguridad como Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, enviados de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
También hubo procedimientos en Río Gallegos, donde efectivos de la Prefectura y de la Gendarmería estuvieron apostados en los galpones de calle Güer Aike al 500, donde Báez guardaba su flota de autos, y en las oficinas de la firma emblema del empresario, Austral Construcciones, en Alfonsín 143 de la capital santacruceña.
Báez se encuentra procesado, embargado y detenido en la causa de lavado de dinero conocida como "ruta del dinero K".
Ocho prefectos estaban apostados en unos galpones de calle Güer Aike al 500 de Río Gallegos, donde Báez guardaba su flota de autos, mientras hay gendarmes en las oficinas de Austral Construcciones, en Alfonsín 143. Los procedimientos son monitoreados desde el juzgado federal ubicado en San Martín y Zapiola.
Fuentes judiciales explicaron a Télam que las órdenes de allanamiento se emitieron contra propiedades registradas de Báez, sus allegados y contra domicilios donde se cree hay bienes que pueden ser tasados o incautados para cumplir con el objetivo de recuperar activos sustraídos ilegalmente del Estado Nacional.
Los funcionarios judiciales tienen encomendado inventariar los bienes, tasarlos y en el caso de hallar dinero en efectivo, secuestrarlo.
