El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer allanar las sedes de varias empresas vinculadas al dirigente kirchnerista Luis D’Elía y a la empresa estatal de energía Enarsa en busca de pruebas documentales sobre negocios entre el líder piquetero y el kirchnerismo en la compraventa de combustible.
El magistrado también ordenó allanar la sede de Chenyi SA, del empresario Gustavo Elías, uno de los más influyentes en el mercado portuario y de transporte, vinculado a Hugo Moyano. De hecho, la empresa saltó a la fama porque la hijastra del líder sindical aparecía cobrando un sueldo de la compañía ubicada en Puerto Madero. La causa se abrió luego de una investigación de Periodismo para todos.
Ayer, Luis D’Elía advirtió en su cuenta de Twitter sobre la citación a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández. “Si @CFKArgentina cae presa a instancias de la ‘Justicia Macrista’, habrá un nuevo 17 de Octubre, haremos tronar el escarmiento”. Más tarde, se despachó contra los denunciantes de su caso por los allanamientos y el juez de la causa a través de la red social.
En 2013, el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara el caso sobre supuestas contrataciones irregulares que realizaría Enarsa con la empresa Transporte de Combustibles del Sur SRL, también denominada Transporte de Combustible Atalaya SRL. La firma estaría formalmente integrada por Lucía Andrea del Carmen Paione pero según la investigación periodística pertenecería al dirigente Luis D’Elía, con quien Paione tendría una relación sentimental.
El fiscal pidió entonces que se investigaran las presuntas contrataciones irregulares realizadas en complicidad de funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, y que habrían generado a las empresas involucradas una facturación mensual de, al menos, $ 10 millones. Las compañías vinculadas a D’Elía serían contratadas por Enarsa y así escaparían de la órbita de los controles. Además, la empresa que se adjudica a D’Elía nunca habría tenido la experiencia ni antigüedad en el transporte de combustibles como para justificar tales acuerdos.
Fuentes de la causa informaron a PERFIL que las fuerzas de seguridad secuestraron documentación que vincularía a D’Elía con los negocios de compraventa de combustibles al Estado. Los documentos secuestrados serán analizados en los próximos días.
Ercolini sostuvo el jueves en un escrito cómo sería el modus operandi. Atalaya recibiría contratos de Enarsa a través de la empresa de transportes de combustible de Gustavo Elías, Chenyi, que derivaría parte de los contratos con el Estado.
La causa avanza en medio de nuevas denuncias e investigaciones periodísticas sobre los negociados de Enarsa en torno de la importación de gas natural licuado (GNL) y fueloil durante la era kirchnerista. PERFIL viene revelando documentos inéditos que demostrarían desvío de fondos millonarios y sobreprecios.
