Tras la denuncia de la Fundación La Alameda, el operativo, ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, fue llevado a cabo por la Gendarmería. La edil de San Antonio de Areco, en un primer momneto, se había escudado detrás del partido al afirmar que era “un golpe al Frente Para la Victoria”.
El fiscal Federico Delgado, a cargo de la denuncia, le había asignado a la Policía Metropolitana tareas de inteligencia en los bares de Zapico. Las investigaciones, según el dictamen, arrojó que esos locales son "frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución, quienes aportan una comisión al comercio en concepto de 'copas compartidas' que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona".
Oyarbide resolvió que la Policía Federal custodie los locales, pero evitó que las imaginarias estén a cargo de efectivos de la comisaría de la zona de los bares ya que están implicadas en la causa por complicidad.
La Agencia Gubernamental de Control porteña, en tanto, dispuso la clausura administrativa de tres locales denunciados por "desvirtuar el rubro".
Firme. Pese a la catarata de acusaciones y el pedido de renuncia de la oposición, Zapico se mantiene en su cargo como concejal de San Antonio de Areco. El propio intendente, Francisco Durañona, se convirtió en la principal protección frente a las requisitorias políticos y judiciales.
La denuncia. La Alameda apuntó a la familia Zapico y sus socios de administrar una red de locales habilitados como bares, pero que "encubren la actividad prostibularia". La denuncia habla del Café Orleans, en la esquina de San Martín y Córdoba, Sens, Ness, Cutty Sark y algunos privados.
