La denuncia publicada a principios de abril por PERFIL donde la Inspección General de Justicia (IGJ) afirmó que la expresidenta del PRO Patricia Bullrich habría usado al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside para financiar su campaña electoral se transformó en una causa judicial en Comodoro Py. Se trata de un expediente que está en fase inicial, pero que ya generó controversia a partir de un operativo ordenado por la Justicia en las oficinas del organismo denunciante.
La causa que se abrió tras la denuncia de la IGJ quedó radicada en el Juzgado a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Se trata de un expediente que lleva el nombre de la candidata presidencial del PRO y la carátula de defraudación por administración fraudulenta, a partir de que, según la denuncia, habría usado al IEES para canalizar millonarios fondos destinados a fortalecer su campaña electoral, algo no previsto en el objeto del estatuto aprobado por el Estado.
En ese marco, el juez ordenó este martes 16 de mayo a la Inspección que entregue el sumario a partir del cual se sustentó la denuncia "junto con anexos y documentación pertinente, así como también todo otro expediente administrativo o actuación interna física informática relacionada con los hechos denunciados". A su vez, requirió un informe de los funcionarios del organismo que intervinieron en la investigación junto con el organigrama de la Inspección.
El requerimiento de información también contuvo una advertencia, de acuerdo a un documento judicial al que tuvo acceso PERFIL. "En caso de negativa falta de colaboración para el cumplimiento de la diligencia, el personal designado se encuentra facultado a proceder al allanamiento del organismo, con el objeto de secuestrar la documentación precedentemente detallada".
Es decir, si la IGJ no entregaba la información requerida, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, designada para el operativo, tenía vía libre para allanar.
Cómo fue el operativo
El operativo en cuestión se llevó a cabo este martes 16 en horas del mediodía, según pudo saber PERFIL. Si bien fue ordenado por el juez, en el lugar se hizo presente Ariel Quety, auxiliar de la Fiscalía de Stornelli, con el objetivo de presenciar la ejecución de la medida destinada a buscar información. En la IGJ actuaron "no oponiendo reparo alguno" para que se lleve a cabo, de acuerdo al acta policial.
Pero más allá de eso, el operativo no cayó bien entre las autoridades de la Inspección ubicada en la avenida Paseo Colón, a metros de la Casa Rosada. Es que desde allí dejaron trascender que en realidad se había tratado de un apriete contra el denunciante en la causa y no contra la dirigente a la que habían denunciado. Y quien lo ratificó ante este medio fue el titular del organismo, Ricardo Nissen.
"Jamás íbamos a pensar que éramos denunciantes, actores en una causa civil por la intervención del Instituto (IEES), denunciantes de una acción penal por violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos y que íbamos a ser nosotros los allanados. Es el mundo al revés", dijo el funcionario.
Al desarrollar, ligó la medida a un planteo de recusación que hizo la IGJ contra el juez Ramos. "Cuando nos tocó este juez, íntimamente vinculado a las operaciones de Lago Escondido y con vínculos por un auto con (el exministro de Seguridad porteño, Marcelo) D'Alessandro, recusamos. Y al fiscal también, era nada más y nada menos que Stornelli, es sabido como actúa", agregó Nissen.
La recusación, aclararon en la Justicia, no puede proceder en principio porque el denunciante, o sea la IGJ, no es parte querellante.
Para la IGJ, fue "amedrentamiento"
Por eso, para el organismo el operativo desplegado este martes se trató de "una respuesta disciplinadora, un amedrentamiento incompatible con el estado democrático". Nissen agregó, además, que "cuando nos pidieron la información en un principio dijimos que no íbamos a entregar nada en tanto la recusación esté resuelta, y nos respondió con el allanamiento".
Ese es un punto clave que rechazan en Comodoro Py. Es que fuentes judiciales manifestaron ante una consulta de PERFIL que no se trató de un allanamiento, sino que el denunciante "se negó a aportar la documentación" y eso motivó la orden de Ramos. Ese material que fueron a buscar, afirmaron, lo necesitaban "para poder avanzar con su propia denuncia", más allá del planteo de recusación pendiente. "Ningún dramatismo", sostuvo una fuente que interviene en la causa.
Vale recordar que a principios de abril trascendió una resolución de la Inspección General de Justicia donde se pidió la intervención del Instituto presidido por la ex titular del PRO debido a presuntas incongruencias entre su funcionamiento real y lo establecido en el objeto. Además, señalaron movimientos sospechosos tales como un millonario incremento de los ingresos a partir del 2021, después de periodos con ejercicios fiscales deficitarios.
Eso se transformó en dos denuncias: una civil, radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N°28, donde tramita la intervención solicitada por el organismo, y la penal, a cargo de Ramos y Stornelli.
AS CP
