Cristóbal López parece radicalizar su defensa para demostrar una persecución política en su contra. Acaba de nombrar a Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete kirchnerista, como parte de su equipo de abogados. Aníbal tiene sus propios problemas judiciales, pero asegura que “no se abandona a los amigos” y por eso aceptó gustoso su nueva tarea.
Según confirmó él mismo a PERFIL, el martes pasado visitó a De Sousa en la cárcel de Marcos Paz y el miércoles a Cristóbal en Ezeiza. “Están pasando un mal momento y no soy de los que abandonan a los amigos en las malas”, aseguró Fernández a este medio.
“De Cristóbal tampoco es tan amigo. Lo conoció hace dos años, no tuvo trato mientras estuvo en la gestión pública”, comentaron a PERFIL allegados al empresario.
Como parte de la estrategia legal que desplegarán Cristóbal y De Sousa, Aníbal se encargará de las causas civiles mientras que Carlos Alberto Beraldi sigue con los casos penales y Eduardo Favier Dubois litiga para evitar la quiebra de Oil Combustibles y otras firmas del grupo.
Un dato curioso. Cristóbal López y De Sousa no tienen causas civiles que les preocupen. En ese fuero se llevan adelante las causas por daños y perjuicios. “Es una cortina”, decían ayer en voz baja en tribunales los que no quieren a Cristóbal.
En breve, Aníbal F. enfrentará el juicio oral por el Plan Qunita. Además, lo denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito y le abrieron una causa para investigarlo por insolvencia fraudulenta por haber vendido parte de su patrimonio luego de haber sido inhibido por la Justicia.
Prisión. Desde hace una semana, López y De Sousa comenzaron una segunda estadía en prisión por presuntas maniobras de encubrimiento en la causa que investiga el no pago de $ 8 mil millones de impuestos a los combustibles. Así lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal al revocar sus libertades y hablar de “defraudación” y no de apropiación de tributos. El presunto autor de la defraudación al Estado sería Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, pero no corre riesgo de ir preso, pese al guiño que le dio Casación al juez del caso penal para avanzar en ese sentido, indicaron fuentes judiciales.
La decisión de Cristóbal López y De Sousa es seguir peleando por sus empresas desde la cárcel: sus apoderados cuestionaron ante el juez Javier Cosentino un informe de la AFIP porque, al no poder acceder a ley de blanqueo, reclaman validar créditos preconcursales y un plan especial para pasivos posconcurso. Cosentino debe decidir si acepta a la holandesa Trafigura como la “salvadora” de la petrolera, pero la instó a justificar de dónde sacará la plata para pagar las deudas.
El regreso a la cárcel encontró a López y De Sousa envalentonados, “de buen ánimo”, convencidos de que hay una persecución política en su contra. Hasta La Cámpora salió a apoyarlos. Por eso la aparición de Aníbal refuerza ese razonamiento.
