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POLITICA / marcha atras de la justicia
sábado 28 abril, 2018

Cristóbal López volvió a la cárcel de Ezeiza, acusado por defraudar al Estado

La Cámara de Casación votó el cambio de carátula por la apropiación millonaria de impuestos a los combustibles. De Sousa también fue detenido y la calificación alcanza a Echegaray, ex jefe de la AFIP.

por Patricia Blanco

Dueños de Indalo. De Sousa, de nuevo a Marcos Paz. López regresa al penal de Ezeiza. Foto: Cedoc Perfil

Cristóbal López y Fabián de Sousa no tuvieron tiempo a reaccionar. Aunque los rumores crecían, nadie creyó que se harían realidad en la tarde de un viernes, en la previa a un fin de semana largo. A 24 horas de la audiencia en donde el fiscal Raúl Pleé reclamó sus detenciones, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que los empresarios volvieran a ser arrestados por el delito de defraudación al Estado, bajo la sospecha de que intentaron burlar la inhibición de bienes que pesaba sobre ellos para vender a escondidas la empresa. Pasadasa las 7 de la tarde, primero se entregó López y luego lo hizo De Sousa. como había pasado la primera vez, vlvieron a evitar ser fotografiados esposados.

Tal como se esperaba, la decisión en Casación no fue unánime. Los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi coincidieron en que debía quedar en pie el procesamiento del juez Julián Ercolini contra López, De Sousa y al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray por defraudación por no haber devuelto 8 mil millones de pesos que recibieron del impuesto a los combustibles y eran usados para financiar el grupo. Casación ratificó además los embargos por 17 mil millones de pesos a cada uno y el encarcelamiento de López y De Sousa por los riesgos de fuga y el entorpecimiento a la investigación.

La noticia se conoció cuando el juez Marcelo Martínez De Giorgi hacía allanamientos en las oficinas del ex grupo Indalo y de los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatore, caras visibles de la nueva administración cuando López y De Sousa cayeron en desgracia. Buscaban los documentos ocultos de la presunta venta de la firma.

El caso Oil Combustibles había tomado un rumbo inesperado el 16 de marzo cuando la Cámara Federal decidió liberarlos al cambiar el delito a apropiación indebida de tributos. Lo firmaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que ahora tienen un pie afuera de Comodoro Py. Esta semana Ballestero pidió licencia médica con miras a jubilarse y Farah consiguió que la Magistratura aprobara su pase a otro fuero.

Hasta el propio presidente Mauricio Macri salió a criticar el fallo que liberó a Cristóbal. La defensa de López lo resaltó el jueves en su apelación: “si no fuera por el increíble escándalo mediático que se originó, en el que insólitamente tomaron participación directa el Presidente y la vicepresidenta de la Nación, varios ministros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores y miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros, los recursos en estudio jamás habrían sido deducidos”.

Lo cierto es que mientras en el fuero comercial se define si Oil va a la quiebra o puede es salvada por otra firma (hay una petrolera holandesa interesada), Casación mandó presos a López y De Sousa de nuevo. Incluso dejó una sugerencia sobre Echegaray -cuya libertad hasta ahora no estaba en juego- al decir que alguna parte podría pedirla.

Argumentos. La Cámara de Casación habló de una “familiaridad manifiesta con el delito” y “una elocuente sensación de impunidad” que son claves a la hora de pensar que López y De Sousa puedan fugar o entorpecer la investigación. Riggi apuntó a “la escandalosa,  burda y grosera forma en que se habría perjudicado al erario público por sumas millonarias” con la “connivencia de altos funcionarios”.

Resaltó además que los dueños del grupo Indalo ya están procesados por apropiación de impuestos de los trabajadores “evidenciando que el ilegítimo proceder” era “sistemático”; y por asociación ilícita y lavado de dinero en “Los Sauces” junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos.
Por su parte, Hornos remarcó que “no se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados como graves hechos de corrupción” y “delincuencia económica”.

A contrapelo, la jueza Ana María Figueroa entendió que no debían ser admitidos los recursos, que la causa estaba aún en investigación y que debía respetarse “siempre el debido proceso y las garantías constitucionales”.

Según pudo saber PERFIL, fue precisamente Figueroa la que definió la suerte de cuándo salía el fallo, al sorprender a sus colegas avisándoles que ya tenía escrito su voto. El fin de semana aún no había empezado.


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