El empresario Cristobal López ya se entregó en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional luego de varias horas de negociación junto a su abogado Carlos Beraldi y las autoridades de la Justicia, en el marco de la causa que lo investiga por evadir 8000 millones de pesos a la AFIP desde su empresa Oil Combustibles. Minutos después también lo hizo su socio, Fabían de Sousa.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que López será alojado en Ezeiza mientras que De Sousa irá a Marcos Paz, tal como estaban antes. Ninguno de los dos deberá pasar por el hospital penitenciario, ya que hace menos de tres meses que dejaron los respectivos penales.
El dueño del Grupo Indalo fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional poco antes de las 20:00 y trasladado al Edificio Centinela, desde donde será llevado este sábado al penal de Ezeiza, el mismo lugar donde se había alojado entre el 20 de diciembre y el 16 de marzo pasado.
El expediente en el que además se encuentra imputado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray pasó nuevamente de "apropiación indebida de tributos" a "defraudación a la administración pública", tal como había reclamado el organismo recaudador y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
La decisión fue tomada por la mayoría conformada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, quienes integran la Sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia.
En su fallo, los jueces remarcaron que los imputados, mediante una compleja maniobra defraudatoria, habrían desviado entre mayo de 2013 y noviembre de 2015 millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado "Grupo Indalo".
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Casación revirtió las excarcelaciones al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es el posible entorpecimiento de la causa, al tiempo que restituyó la carátula a "defraudación contra la administración pública".
Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abría la puerta a que se discutiera qué fuero era competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría haber dado lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
En este sentido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este viernes el allanamiento de las oficinas de la ex Indalo, hoy denominada grupo Ceibo, así como las de sus nuevos dueños Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra, en el marco de la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó burlar la inhibición general de bienes y vender su empresa.
Los allanamientos tuvieron lugar en Avenida del Libertador 602 piso 3, donde tienen sus oficinas Rosner y Dellatorre, y en Avenida Alem 855, donde funciona el grupo Ceibo, la nueva denominación de Indalo.
Junto al posible fraude por la venta de la empresa teniendo el impedimento de la Justicia, el fiscal González evaluó también que sus nuevos dueños, Rosner y Dellatorre, llevaron a cabo "movimientos de neto corte patrimonial", esto es un vaciamiento de la empresa, lo que también fue informado por los veedores nombrados por los jueces.
Entre otras medidas, la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rosner y Dellatorre y que se cite a un grupo de co-administradores designados por el Juzgado Comercial donde tramita la quiebra de la empresa.
