Al formalizar la extensión del aislamiento, el Presidente mencionó que quienes retomen las actividades debían bajar la aplicación CuidAr con la que se controlaría que quienes circulen cuenten con la autorización para hacerlo. La posibilidad de que el Gobierno acceda a información privada de los ciudadanos volvió a poner en discusión la utilización de datos personales por parte del Gobierno.
“Todo el que vuelva a trabajar debe bajar una aplicación”, dijo Alberto Fernández. Se trata de CuidAr, app que el Gobierno implementó semanas atrás con el objetivo de que el ciudadano pueda realizar una autoevaluación de síntomas ante la sospecha de haberse contagiado coronavirus. A esta herramienta se le sumó ahora la posibilidad de contar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) que muestra que el ciudadano está habilitado para movilizarse.
La oposición reaccionó y aseguró que el Gobierno “va a saber la ubicación geográfica de cada usuario en todo momento, sus datos sanitarios (provistos por cada usuario) y tiene autorización para compartir algunos datos con redes sociales, como Facebook, entre otras autorizaciones”, denunció la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con las firmas de los presidentes del radicalismo, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
Santiago Cafiero defendió la aplicación Cuidar: "Los datos son anónimos"
En la Casa Rosada aseguran que no utilizarán la aplicación como control de los ciudadanos que retoman sus empleos, ya que no se hará un seguimiento geográfico a quienes no fueron diagnosticados o sospechados de coronavirus. La herramienta a cargo de la jefatura de Gabinete que comanda Santiago Cafiero en este caso solo servirá para mostrar la constancia ante un control policial en las calles. Sin embargo, al ser optativo el uso de la app, los trabajadores pueden también presentar las autorizaciones de su empleador en papel.
La aplicación tiene la posibilidad de geolocalizar a los usuarios en dos etapas. Al principio, se solicita el nombre, apellido y número de documento. Allí se consulta si se desea habilitar la ubicación en ese momento, paso opcional y voluntario que se puede rechazar. Este primer pedido tiene que ver con que si el autotest que se realizará en los pasos siguientes indica que puede tener síntomas de coronavirus, la herramienta lo vincula con el comité de emergencia de la provincia a la que corresponde y se le indica cómo proceder y con qué números contactarse para recibir atención médica.
Coronavirus: advierten que las apps de rastreo vulneran varios derechos
La segunda etapa de la geolocalización tiene que ver con que una vez que ese usuario se hizo el hisopado y dio positivo, esta herramienta permite hacer un seguimiento del contagiado cada 15 minutos, por lo que solo quienes contraigan la enfermedad estarán sometidos a este control. Hoy el número de personas con la infección en curso llegó a 6.278 casos, pero la mayoría de estos (de los cuales ya cerca de dos mil se recuperaron), no cuenta con la aplicación. El objetivo es aliviar la tarea de intendentes y gobernadores, quienes en la actualidad deben controlar el cumplimiento de la cuarentena de los pacientes a través de llamados y visitas a los hogares en donde llevan a cabo el aislamiento.
“Los datos recabados son utilizados únicamente para preservar la salud, brindar contención y asistencia a los ciudadanos y ciudadanas; también para evitar la saturación del sistema sanitario y el tiempo de almacenamiento está sujeto a la duración de la emergencia sanitaria”, respondió a PERFIL la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.
La polémica que hoy abre Juntos por el Cambio no es nueva. A mediados de 2016, la jefatura de Gabinete comandada por entonces por Marcos Peña firmó un convenio con la Anses para acceder a su base de datos. A partir de entonces, y hasta el final del mandato (el convenio finalizó al deja el poder), la Secretaría de Comunicación pudo acceder al nombre y apellido, documento, domicilio, fecha de Nacimiento, email y teléfonos de cerca de diez millones de personas que registra este organismo. En ese entonces, la medida fue criticada por el peronismo, ya que Juntos por el Cambio utilizó el almacenamiento de “grandes datos” conocido como Big Data, para sus campañas electorales a través de la microsegmentación del electorado que permitió una comunicación personalizada en detrimento de la publicidad tradicional.
Esta aplicación cuestionada hoy por el macrismo consiguió hasta ahora que apenas 1.700.000 ciudadanos se bajen la herramienta, de los cuales más de la mitad no habilitaron la geolocalización. En los términos y condiciones de la app, se detalla que los datos suministrados serán almacenados por la secretaría de Innovación Pública, dependiente de la jefatura de gabinete. “Respecto al uso de la información, nos enmarcamos a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326. Los datos de la aplicación se vuelcan de forma anónima en tableros de estadística epidemiológica para los 24 Ministerios de Salud del país, de esta manera se puede hacer una gestión más ágil e inmediata”, respondió Malcom sobre el uso de esta información.
Cuatro semanas atrás, desde la Secretaría de Innovación Pública y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación solicitaron encarar esta aplicación a la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday. También se sumó Arsat y los servicios brindados por Amazon Web Services, RedHat Argentina, Thinkly y Biodyn SAS.
