Cuatro integrantes de la Marina procesados, un fallo de la Cámara Federal que ordenó potenciar la investigación con cumplimiento inconcluso y mucho dolor. Esas son algunas de las características con las que enfrentan el panorama judicial los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino ARA San Juan a 5 años del hecho.
La causa por el hundimiento que provocó la muerte de 43 varones y una mujer que iban a bordo del submarino lleva el número 17.379/17 y se tramita en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez. Por qué explotó, qué fue lo que causó la falla y qué responsabilidades hay detrás de eso son las tres preguntas que persigue la pesquisa judicial.
Mientras que la investigación de entrada estuvo muy activa con allanamientos a lugares clave como la Base Naval del Mar del Plata, de Puerto Belgrano y el Edificio Libertad o las declaraciones a ex funcionarios como el ministro de Defensa macrista Oscar Aguad, el ex jefe del Estado Mayor de la Armada Marcelo Srur y una importante cantidad de testigos, el panorama es diferente ahora.
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Es que los familiares de las víctimas, en su mayoría querellantes, están disconformes y en algunos casos resignados porque creen que mucho más no se va a avanzar: uno de los motivos principales es que no se puede bajar al fondo del mar a realizar peritajes.
Uno de los principales ejes de cuestionamientos tiene que ver con el nivel de ejecución que tuvo una orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En 2020, los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Enrico Suarez y Hebe Lilia Corchuelo de Huberman ordenaron que se investigue al ex presidente Mauricio Macri en su calidad de ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a ex funcionarios nacionales.
También que se haga una pericia sobre las imágenes tomadas en el fondo del mar de los restos del submarino. A 5 años de la tragedia, esos puntos son los que más preocupan a las familias.
La imposibilidad de avanzar en las pericias
El ARA San Juan se hundió con 44 personas a bordo. Se supo con el pasar de los días que explotó a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros del territorio.
Una filtración de agua habría fue la causa de un incendio que se desató en la zona de baterías: eso fue comunicado desde el submarino hasta los controles en territorio.
El primer alerta fue minutos antes de la medianoche del 15 de noviembre de 2017, unas siete horas después comunicaron su última posición, ya sumergidos rumbo a Mar del Plata, y minutos antes de las 11 de la mañana se detectó la explosión.
Producto de eso, el material quedó esparcido por varios metros a la redonda, algo que se pudo confirmar con la misión del Ocean Infinity que bajó a tomar imágenes hasta el lugar donde quedaron los restos. Las imágenes fueron visualizadas por funcionarios y familiares pero el peritaje aún no se pudo hacer.
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De acuerdo a lo que trascendió, la falta de insumos tecnológicos es uno de los problemas. "El 7 de noviembre pasado, el perito oficial Marcelo Torok escribió en letra mayúscula y muy enojado las herramientas para hacer el trabajo. Le dieron una computadora familiar para hacer semejante estudio, pidio tres discos rígidos y le dieron uno", dijo la querellante Valeria Carreras en Radio 10, donde criticó al Consejo de la Magistratura por no asistir a la jueza.
“No paramos de trabajar un solo día y muchas cosas demandaron mucho tiempo. En 2021 siguieron los coletazos de la pandemia y tuvimos que tomar testimonios por Zoom a miembros de la Armada y exjefes de la fuerza retirados”, dijo la jueza Yáñez en declaraciones a La Nacion.
Los principales puntos de la causa
Hay cuatro procesados, ninguno de ellos con responsabilidad política. Son Claudio Villamilde, ex comandante de la fuerza de submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de adiestramiento y alistamiento naval; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones.
Todos ellos están sin prisión preventiva acusados de los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte.
No es el único expediente que se abrió por la tragedia. Subsidiariamente existe uno con repercusiones más políticas, que es el de espionaje a los familiares de las víctimas.
En esa causa Macri fue procesado y llamado a indagatoria cuando estaba radicada en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del magistrado Martín Bava. Lo mismo ocurrió con la cúpula de la AFI a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que fueron favorecidos con un sobreseimiento de la Cámara Federal en julio pasado.
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