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POLITICA / Tras el hallazgo
jueves 29 noviembre, 2018

ARA San Juan: procesan a cuatro funcionarios por la licitación de la búsqueda

El juez federal Martínez de Giorgi lo decidió tras verificar a raíz de una denuncia de PERFIL que personal del ministerio de Defensa alteró datos de la empresa preadjudicada de ese entonces, Igeotest.

por Pablo Rodriguez

El submarino de la Armada de la República Argentina (ARA) "San Juan" fue hallado a 460 kilómetros al este del Golfo San Jorge, frente a las costas patagónicas y a 800 mts. de profundidad. Foto: Cedoc

Mientras en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) aguardan el arribo del Seabed Constructor, el buque noruego de la firma Ocean Infinity, desde Comodory Py asomaron los primeros movimientos judiciales precisos que investigan la licitación de la búsqueda del submarino ARA San Juan. En concreto: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a cuatro funcionarios del Gobierno tras una serie de irregularidades que detectó PERFIL en junio sobre Igeotest Geociencias y Exploraciones SL, la compañía española del empresario argentino Marcelo Devincenzi. Esta firma estaba preadjudicada para intentar hallar el navío.

Los procesados son Héctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, todos bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi. Como integrantes de la Comisión Evaluadora, dos pertenecen a la Armada, uno a la Fuerza Aérea y el restante es un civil del Ministerio de Defensa. Además los embargaron por un millón de pesos a cada uno. ¿El delito? Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

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A lo largo de las 56 páginas del escrito al que accedió PERFIL, el juez Martínez de Giorgi deja en claro que los funcionarios mencionados “omitieron aplicar la ley” a sabiendas de la falta no subsanable en la licitación. “Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta”, explica el titular del Juzgado Criminal y Correcional número 5. Tal delito está penado con “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble de tiempo”.

Hay una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Por qué el Gobierno quiso contratar a una empresa que no cumplía con los requisitos básicos del Pliego de Bases y Condiciones?

ARA San Juan: todas las sospechas que generó la versión oficial

Una contratación sospechosa. En junio, PERFIL detectó que en el portal Compr.ar, dependiente del Ministerio de Modernización, figuró que la empresa Igeotest Geosciences S.L estaba preadjudicada para la búsqueda del submarino -por aquél entonces desaparecido- ARA San Juan. Esta firma –también de Devincenzi- se encuentra actualmente bajo concurso voluntario de acreedores por insolvencia en el Juzgado Mercantil de Girona (Catalunya, España), según consta actualmente en el Boletín Oficial del Estado español (BOE). El pliego de Bases y Condiciones Generales dice que el Estado argentino no podrá contratar los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

Luego, desde el 12/06 apareció Igeotest Geociencias y Exploraciones, S.L, creada en 2013, cuyo número de NIF - B55178248- (Cuit en España) es diferente al primero –B17511940-. Este medio también comprobó que la compañia de Devincenzi no contaba con el equipamiento necesario ni con la experiencia requerida. Consultado por este medio, el empresario argentino se encontraba en Sudáfrica “desconectado de todo”.

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"En virtud de todo lo señalado y considerando que IGEOTEST GEOSCIENCES SL (B-17511940) e IGEOTEST GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES SL (B-55178248) son personas jurídicas distintas, se entiende que existe un error esencial en la oferta, motivo por el cual esta Oficina Nacional considera que esta cuestión no es susceptible de subsanación, conforme lo establecido en el artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16", sostiene el documento que emitió a fines de junio la Oficina Nacional de Contrataciones al que accedió Perfil. La denuncia de PERFIL desató varios cruces entre el ministerio de Defensa y el de Modernización.

El curso judicial de esta causa comenzó tras una denuncia de la abogada Valeria Carrera, perteneciente al estudio de Fernando Burlando. Ella denunció penalmente al personal de la cartera de Aguad y a los miembros de la Oficina de Contrataciones por “adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública.”. A los pocos días la causa recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y la llevó adelante el fiscal federal Federico Delgado. "Nuestras representadas soportaron ser señaladas como las causantes de la suspensión de la búsqueda, pero confiaron en Burlando y la dicente , porque querían que se busque bien. No quieren más mentiras", sostuvo la letrada ante PERFIL.

 


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