“Si no reúne todas las condiciones técnicas y societarias que pedimos, la vamos a anular. No los vamos a contratar sin antes pasar por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro,” señaló a PERFIL el ministro de Defensa, Oscar Aguad, sobre la contratación directa de Igeotest Geociencias y Exploraciones, S.L. La compañía del argentino Marcelo Devincenzi (62) no cuenta con el equipamiento requerido por el pliego que dispuso el Gobierno, entre otras irregularidades que constató este diario.
Tal como indica la propuesta que Igeotest le envió a fines de mayo al ministerio de Defensa, se especifica que contará con un vehículo autónomo submarino (AUV) modelo Kongsberg Huguin Chercheur. Este medio se contactó con la empresa de bandera noruega que fabrica esta maquinaria y su respuesta fue categórica: “Kongsberg, hasta la fecha no tiene ninguna intención de contrato o arrendamiento de ninguno de nuestros sistemas AUV para cualquier proyecto en Sudamérica”.
En su plan, Igeotest menciona un segundo equipamiento (SAMS MT-3000 o DT 6000) aunque con una salvedad: “Al momento de redactar este documento el fabricante (iXBlue) nos ofrece una disponibilidad de al menos 9 meses, por lo que debemos descartar este equipo.” Allí ofrece un tercer equipo, un sonar similar al que ya se utilizó y que no arrojó resultados.
“La eficiencia de la búsqueda no pasa por el vehículo sino por el instrumental”, argumenta la empresa, contradiciendo las reglas del pliego. Marcelo Covelli, un capitán de ultramar, especialista en operaciones de búsqueda y rescate que brindó su testimonio frente a la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, sostuvo: “No es procedente permitir que las alternativas que presenten los oferentes pudieran convertirse en reemplazo de lo solicitado en el pliego en lugar de una ampliación”.
Una contratación sospechosa. En un principio en el portal Compr.ar, dependiente del Ministerio de Modernización, figuró la empresa Igeotest Geosciences S.L. Esta firma –también de Devincenzi- se encuentra bajo concurso voluntario de acreedores por insolvencia en el Juzgado Mercantil de Girona (Catalunya, España), según consta en el Boletín Oficial del Estado español (BOE). El pliego de Bases y Condiciones Generales dice que el Estado argentino no podrá contratar los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. Actualmente, ya no figura esa empresa en el portal como adjudicataria; desde el 12/06 aparece Igeotest Geociencias y Exploraciones, S.L, creada en 2013, cuyo número de CIF - B55178248- (Cuit en España) es diferente al primero –B17511940-.
Una de las abogadas querellantes, Valeria Carrera, además de impugnar hace algunos días el dictamen de Defensa, denunció penalmente al personal de la cartera de Aguad y a los miembros de la Oficina de Contrataciones por “adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública”. La causa recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y la lleva adelante el fiscal federal Federico Delgado, quien le dio curso a la denuncia.
Respuesta. Fuentes de la empresa ratificaron e insistieron con que cuentan con la maquinaria de Kongsberg y calificaron como un “error involuntario subsanable” que haya aparecido la firma concursada. “No hubo ningún cambio en la razón social una vez cerrada la licitación”, agregan.
Aguad, por su parte, aclaró que le pidió explicaciones al ministerio de Modernización sobre el por qué del cambio en el portal Compr.ar.
Balance en la mira
De acuerdo al último balance presentado por Igeotest en 2016, al que tuvo acceso PERFIL, la empresa no cuenta con un patrimonio tal que le permita llevar adelante una operación como la búsqueda del ARA San Juan. Durante 2015 la empresa tuvo un patrimonio neto total de 467,77 euros y en 2016 fue de 1.117,35. Asimismo se detalla que “la Sociedad no dispone de personal asalariado durante el presente ejercicio, ni tampoco durante el ejercicio anterior”.
Por último, aclara que otra empresa del mismo grupo denominada Pro Prospecciones Igeotest, S.L UTE (Unión Transitoria de Empresas), radicada en Zaragoza, también se encuentra en concurso voluntario de acreedores.
De concretarse la adjudicación, debería comenzar a trabajar en un plazo de 30 días, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno, pero las irregularidades en el proceso de adjudicación podrían retrasar la búsqueda del submarino.
