Más de siete meses después, la búsqueda del ARA San Juan, el submarino desaparecido en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo, continúa en un impasse. La contratación de la empresa española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L. —cuyas irregularidades reveló Perfil— derivó en un cruce entre el Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad, y el de Modernización encabezado por Andrés Ibarra.
La Oficina Nacional de Contrataciones emitió este jueves un dictamen categórico que confirma las irregularidades que publicó este medio sobre la compañía del argentino Marcelo Devincenzi, elegida para encarar las tareas de rescate.
"En virtud de todo lo señalado y considerando que IGEOTEST GEOSCIENCES SL (B-17511940) e IGEOTEST GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES SL (B-55178248) son personas jurídicas distintas, se entiende que existe un error esencial en la oferta, motivo por el cual esta Oficina Nacional considera que esta cuestión no es susceptible de subsanación, conforme lo establecido en el artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16", sostiene el documento al que accedió Perfil.
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Aguad mantuvo el miércoles una reunión reservada con algunos de los familiares de los 44 tripulantes, en la que se comprometió a acatar lo que decida la ONC, dependiente del ministerio de Modernización. El pase de facturas entre ambos ministerios generó chispazos, ya que en la cartera de Andrés Ibarra sostuvieron que "no tienen nada que ver".
Algunos de los familiares permanecían desde ayer al mediodía encadenados en la Plaza de Mayo esperando una respuesta del Gobierno. Encabezados por Luis Tagliapietra, un grupo de ellos partió este jueves rumbo a la sede de Defensa, para intentar hablar con Aguad o el capitán de navío Longhi, pedir explicaciones y acelerar la decisión final sobre quién buscará al navío perdido desde el 15 de noviembre último.
En la entrevista que brindó a este medio, Devincenzi afirmó que "Defensa se comunicó con nosotros para aclarar ese tema y se lo dio por solucionado. En ese formulario figuran el error en el nombre y en el número de NIF. Son errores infelices y no hubo ningún cambio en la razón social una vez cerrada la licitación". El dictamen de la ONC contradice sus dichos ya que establece que "son personas jurídicas distintas".
La cronología de hechos que releva la ONC, se advierte que el 13 de junio pasado el "organismo contratante" (es decir, Defensa) "envió un ticket consultando si es posible subsanar un error de carga de CIF con posterioridad a la difusión del Dictamen de Evaluación. En dicho ticket la respuesta final de esta Oficina fue: 'Estimados, en realidad no debieran haber dictaminado sobre un usuario con un NIT incorrecto. SI ya lo hicieron y todavía no adjudicaron, consulten con su área legal ya que es responsabilidad de su organismo la prosecución del procedimiento.'" Traducción: aquí le advierten a Defensa, hace más de dos semanas que no deberían haber preseleccionado para la adjudicación directa a Igeotest.
En paralelo, existe una denuncia penal que presentó Valeria Carreras, una de las abogadas querellantes pertenecientes al estudio de Fernando Burlando, que ya está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal federal Federico Delgado. Este último comenzó a mover las fichas para determinar quién o quiénes pudieron incurrir en un presunto delito.
En el entorno de Devincenzi aún no emitieron ningún tipo de declaración ante la consulta de Perfil. De hecho, no tenían en su poder el dictamen mencionado. Ahora la última palabra la tiene Aguad, ya que se comprometió que en las próximas horas deberá tomar una decisión mientras la Justicia comienza a develar cómo se llegó a esta situación.
