La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cambió sorpresivamente de abogado defensor en la causa penal en la que está imputada por presuntas coimas en la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.
Según publica la agencia DYN, fuentes allegadas a Gils Carbó aseguraron que la funcionaria judicial desistió de la asistencia del abogado Alejandro Rúa, también defensor en algunas causas de la ex presidenta Cristina Kirchner, y contrató a León Arslanian, ex ministro de Justicia en el primer gobierno menemista (1989-1995).
"Arslanian ya la defendía en la causa en el fuero Contencioso Administrativo con que el gobierno intenta sacar a la Procuradora por decreto, entonces se prefirió concentrar los casos en un solo abogado en vez de tener dos", consignaron las fuentes de acuerdo con lo publicado por la agencia.
El 31 de agosto pasado, Gils Carbó tuvo que declarar como imputada ante el juez federal Julian Ercolini y admitió que hubo un "negocio oculto" en la compra del edificio por parte de su ex subordinado Guillermo Bellingi y un hermano (Juan Carlos Thill). También negó cualquier responsabilidad personal en la transacción.
"Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Bellingi y Thill", estableció en su escrito de descargo y precisó que "está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill".
En ese sentido, la Procuradora insistió con que "no cobró ni se benefició" personalmente "por esta operación" de la compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 del microcentro porteño y recalcó que "la Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación".
Esta causa investiga la compra por casi 44 millones de pesos a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500 del barrio de Recoleta.
En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Thill, medio hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración al momento de la licitación. Bellingi y Thill están imputados en la causa junto a otras ocho personas, y todos ya prestaron declaración indagatoria.
