El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en una investigación para saber si Julio De Vido participó del pago de una coima en la compra supuestamente irregular de la empresa Transener por parte de la firma Electroingeniería.
El funcionario judicial hizo lugar a la denuncia presentada hace unas semanas por Elisa Carrió. En esa presentación la diputada nacional acusaba al exministro de Planificación Federal, por los delitos de "cohecho y/o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".
Además, la dirigente de la Coalición Cívica - ARI le solicitó al juez federal Sebastián Ramos una serie de medidas de pruebas para comenzar la investigación.
Según informaron fuentes judiciales a la agencia DyN, Pollicita pidió que se le solicite a la Justicia de Brasil las declaraciones de dos implicados en el escándalo conocido como "Petrolao", además de documentación de las firmas mencionadas en la denuncia.
Carrió denunció en enero que Nestor Cerveró, ex director del área internacional de Petrobras y condenado a 12 años de prisión, y el empresario Fernando Soares, dos implicados en el escándalo de corrupción que conmueve a Brasil, aseguraron ante la Justicia de su país que habían sido presionados por funcionarios argentinos para que la firma Transener -de la petrolera carioca- quedara en manos de Electroingeniería, compañía ligada al kirchnerismo.
Cerveró y Soares señalaron que la coima alcanzó los 300 mil dólares, que se pagó en 2007, y que los funcionarios aludidos fueron De Vido y el exministro de Obras Publicas del menemismo Roberto Dromi. Así lo reportó Carrió en su denuncia formulada a mediados de enero.
Enterado de la acusación, De Vido salió a desmentir la denuncia: si bien reconoció encuentros institucionales con Cerveró, aseguró: "Lo que hicimos que fue hacer cumplir las leyes nacionales y evitamos la integración monopólica y abuso de posición de dominante por parte de Petrobras".
