Las compañías Movistar y Personal no logran explicar a la Justicia a quién perteneció un número de teléfono que puede ser clave en la investigación que ya tiene a tres ex funcionarios procesados como supuestos cómplices del narcotráfico. Tampoco encuentran explicación de cómo pudo el usuario de ese número migrar de Movistar a Personal y conservar el número mucho antes de la ley de portabilidad numérica.
El miércoles 16, la jueza María Servini de Cubría procesó a ex autoridades de la Sedronar –el organismo antidrogas– por haber autorizado el ingreso de más de 40 mil kilos de efedrina que terminaron en manos de narcos mexicanos y locales para la elaboración de metanfetaminas.
El Juzgado Federal Número 1 está especialmente interesado en las llamadas entrantes y salientes de cuatro números telefónicos. Ante el informe incompleto de Movistar, la jueza ordenó su allanamiento el 17 de julio, como reveló PERFIL. En el procedimiento, se llevó toda la documentación sobre los números utilizados por dos de los funcionarios procesados (Gabriel Abboud y Julio De Orué) y por el secretario del titular de la Sedronar entre 2004 y 2011, el también procesado José Granero.
Pero hay otro número que podría ser clave en la investigación. La Policía Federal tenía la orden de llevarse los registros de llamadas de otro número que mantuvo contactos asiduos con los involucrados en la maniobra, relataron a PERFIL fuentes policiales que participaron del allanamiento.
Lo llamativo de ese número es que logró la portabilidad numérica mucho antes de que siquiera se pensara en la ley que aprobó que los usuarios de las telefonías móviles pudieran migrar de empresa y conservar su número. La policía sospecha que podría ser un número perteneciente a la flota de un organismo oficial del Estado.
Para la magistrada, “se poseen fundadas sospechas de que podrían haberse adulterado registros del abonado telefónico empleado ni más ni menos que por el secretario de la máxima autoridad de la Sedronar”. Se refiere a las llamadas entrantes y recibidas del usuario Miguel Zacarías, secretario de Granero en el organismo antidrogas. Zacarías había recibido dos llamadas de Alfredo Abraham, uno de los mayores importadores de efedrina, que actualmente está siendo juzgado por presunto tráfico de esa sustancia. Pero el juzgado descubrió que la telefónica no las informó.
