Cristina Caamaño miraba la entrevista que daba Alberto Fernández en el programa de Gustavo Sylvestre cuando apareció un aviso en la pantalla que decía que por falta de pago se iba a cancelar el pack fútbol. “¿Qué dice?”, le preguntó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia a los dos colaboradores que miraban la televisión junto a ella. “¿Cómo puede ser que estemos pagando esto?” continuó. En esta oficina del quinto piso que durante la gestión macrista ocupó Gustavo Arribas también estaban conectados los pack Fox Premium y HBO Max. Son parte de los gastos que están incluidos en los fondos reservados a los que no se puede acceder y que la nueva administración comenzó a encontrar. En la Casa Rosada no dudan en llamarla “la caja negra”, ya que se trata de más de mil millones de pesos que se manejan sin control, ni procesos administrativos o registros. El Gobierno trabaja ahora en la reducción de este presupuesto y su blanqueo, pero también en un ajuste de las estructuras que, luego de su intervención podría ser desgranada.
Mediante el decreto 565 de 2016, Mauricio Macri le devolvió la calidad de “reservados” a gran parte del presupuesto de la AFI después de que en su último año de mandato de Cristina Kirchner había decidido transparentar la mayoría de estos recursos. De acuerdo al presupuesto 2020 que el gobierno anterior había diseñado, este año le asignarían $ 3.642.050.336 de los cuales $ 1.500 millones serían destinados a fondos reservados. En poco más de un mes, la interventora ya le advirtió al Presidente que estos recursos podrán ser reducidos al máximo en el armado de un nuevo presupuesto, ya que se encontró “un descalabro” total. Antes de la intervención, el Presidente había anunciado que este dinero se destinaría en el próximo presupuesto al plan de la lucha contra el hambre.
¿Que incluye los fondos reservados? Desde los gastos destinados a tareas de inteligencia, pasando por la factura de luz del edificio central de la calle 25 de Mayo hasta la compra de portavasos descartables “para uso protocolar de la Dirección General” por $ 18 mil con los que se topó Caamaño.
La oficina que era de Gustavo Arribas tenía pack fútbol como gasto reservado
Pero lo que más sorprendió a la interventora y es parte de los informes que le presentó al Presidente y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es la falta de procedimientos administrativos. A los pocos días de asumir, encontró parte de los archivos vinculados al atentado a la AMIA en un edificio en el que la falta de mantenimiento hacen peligrar el estado de las pruebas. Pidió comenzar las obras para resguardar los archivos, pero se encontró con que solo hacía falta una nota para contar con la cantidad de fondos necesarios. Podrían ser millones de pesos por los que no tendría que dar más explicaciones. Las remodelaciones se iniciaron aunque pidió hacer actas y presupuestos con los gastos mientras crean un mecanismo para la rendición de los gastos y acuerdan con la Sindicatura General de la Nación que un auditor del organismo también acceda a informes sobre el uso de los fondos.
En la Rosada creen que esta caja se utilizó no solo para espionaje ilegal. “Creemos que así se financiaron estructuras paralelas como la de los trolls”, dijo un funcionario.
Organización. El ajuste también llegará a la estructura que durante las primeras semanas ya sufrió una reducción. De 105 pasaron a 65 las direcciones con la creación de dos (un área de delegaciones en las provincias y otra de archivo). También se reducirá el personal (tiene 1.405) empleados. Revisarán uno por uno y tomarán exámenes a los agentes ya que se encontraron hasta nombramientos realizados el 1º de noviembre por $ 500 mil mensuales.
Pero la reducción de la estructura de la que dependen los espías llegará con una nueva ley de Inteligencia. En ella trabajan Gustavo Beliz (Asuntos Jurídicos) y Marcela Losardo (Justicia). El objetivo es derivar tareas a las carteras de Defensa y Seguridad. Si Fernández consigue que el Senado apruebe el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración, las escuchas también volverían a depender de este organismo.
De acuerdo a los informes que tiene el Presidente, la intervención por 180 días podría extenderse para terminar de ordenar el organismo. Caamaño, que acaba de jubilarse como fiscal, no está pensando en permanecer allí cuando Fernández decida ponerle fin a esta medida. Volvería a su casa, ya que su tarea estará cumplida.
En estos días, Caamaño debió moverse en auto blindado. En una de sus salidas de la AFI hacia su casa, su coche rozó a otro, lo que provocó que uno de los espejos laterales se cayera. Al otro día, uno de los empleados le dijo que el arreglo tendría un costo de $ 1 millón por el ploteo y $ 70 mil el espejo, solo necesitaba su firma. “Vendan ese auto, no quiero que lo arreglen, vendan ese auto”, dijo en tono elevado.
