El ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente Luis D'Elía pidieron la excarcelación ante el Tribunal Oral Federal que tiene pendiente juzgarlos por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA y la fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó a favor.
Tras el pronunciamiento de Baigún debe resolver ahora el planteo el Tribunal Oral Federal 8, a cargo del caso, integrado por Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli, aunque este último se excusó.
Namer y López Iníguez definirán en los próximos días si están dadas las condiciones para que ambos dirigentes puedan seguir siendo investigados en libertad y evaluarán los argumentos que valoró la Fiscalía en su dictamen.
Puntualmente, Baigún remarcó que el delito por el que están acusados es excarcelable y que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa, puesto que ambos dirigentes se encuentran alejados del poder.
Pero, además, la fiscal remarcó que en la actualidad se lleva adelante el juicio por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en la primera instancia de investigación, en la que los acusados -entre los que figuran el ex presidente Carlos Menen y el ex juez Juan José Galeano- se encuentran en libertad.
Zannini y D'Elía recibieron la prisión preventiva al igual que Fernando Esteche (exlíder de Quebracho); Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; y el presunto espía Ramón Bogado.
Según indicaron fuentes judiciales a la agencia NA, mitad de la biblioteca jurídica dice que ante un dictamen fiscal por la positiva los jueces del Tribunal están casi obligados a seguir esa línea; en tanto que otros aseguran que los magistrados pueden controventir la opinión de la Fiscalía.
Zannini está preso en el penal de Ezeiza mientras que D'Elía en Marcos Paz desde diciembre pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio.
La ex presidenta Cristina Fernández es una de las principales acusadas y tiene un pedido de desafuero que aún no fue tratado por el Senado Nacional, ya que Bonadio también había dispuesto su prisión preventiva.
En la causa, están acusados además el ex canciller Héctor Timerman, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, su entonces segundo Juan Martín Mena, la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.
La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero: en dos oportunidades fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por Ariel Lijo.
Pero Lijo dispuso que, por conexidad, el expediente pase a su par Bonadio, ya que este último tenía a su cargo una investigación por presunta "traición a la Patria" contra Timerman y Cristina, por haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán pese a saber de la presunta responsabilidad de ese país en el atentado a la mutual judía.
"A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina", recordó Bonadio en al disponer la elevación a juicio.
