En obvio mensaje a la frente del líder camionero Hugo Moyano, la Coalición Cívica que encabeza la diputada nacional Elisa Carrió enfatizó que "ya no hay lugar para los extorsionadores que solo buscan no dar cuenta en la Justicia". Aunque evitó nombrarlo en forma particular, el espacio de Carrió cuestionó al sindicalista, que impulsa una movilización contra el gobierno nacional para el próximo 21 de febrero, recalcando que su "único objetivo es obtener un blindaje a su impunidad"."Los argentinos ratificamos que ya no hay lugar para la impunidad de los sectores que vivieron amparados por el Estado y que hoy extorsionan para no dar cuenta ante la Justicia", afirmó la Coalición Cívica- Ari.
En un comunicado, la CC sostuvo que "ya no hay lugar en la Argentina para sectores privilegiados que se quedaron con los recursos del Estado y de los trabajadores y que hoy chantajean al Gobierno y a todos los argentinos desde los medios de comunicación, para para poder mantener los privilegios que tuvieron por largo tiempo en su sociedad con el poder político de turno", agregó el partido cuya titular en las formas es la legisladora bonaerense Maricel Etchecoin.
"Durante años, estos personajes fueron cómplices del saqueo del Estado y de quienes gobernaba, que les daban cobijo", resaltó la fuerza.Y agregó: "Hoy cuando la Justicia los requiere para que brinden explicaciones de patrimonios inexplicables, toman como rehén a la sociedad y atropellan a las centrales de trabajadores través de medidas de fuerza cuyo único significado es obtener un blindaje a su impunidad".
Moyano y su hijo Pablo fueron imputados en varias causas, entre ellas la causa que investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda.
No fue el único frente de batalla abierto por Carrió en las últimas horas, porque también la abogada Mariana Stilman, de estrecha relación con Lilita, renunció a la Unidad Especial AMIA en rechazo a la "sorpresiva intervención" del ministro de Justicia, Germán Garavano, en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a mutual judía.
"No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno", sostuvo la conducción de la CC ARI en un comunicado, tras la polémica por la decisión de Garavano de no inculpar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados y acusados por la Fiscalía en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.
El año pasado, la abogada de confianza de Carrió había renunciado a la representación de la querella debido a las "reiteradas intromisiones en su trabajo por parte de otro abogado que respondía a órdenes del ministro y sus asesores, quienes impedían que Stilman desarrollara de manera adecuada su labor como apoderada en el juicio", informó la CC-ARI.
Agregó que, pese a esto, a pedido de Carrió y el titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevilla, Stilman "continuó trabajando en la Unidad para colaborar con los nuevos apoderados designados en su reemplazo, en virtud del compromiso del ex senador radical de que no volvería a producirse otra intromisión en el trabajo de los letrados", aunque la diputada no le dirigió más la palabra a Garavano. Sin embargo, la CC-ARI remarcó que la semana pasada, un día antes de que el nuevo apoderado se presentara en la audiencia
para alegar de acuerdo a las instrucciones dadas por Cimadevilla, "conforme al requerimiento de elevación a juicio de la propia querella y en consonancia con la acusación que había realizado la Unidad AMIA en diciembre", el ministro de Justicia intervino nuevamente.
"El ministro dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado Jose Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA", cuestionó la CC-ARI.Y agregó que la acusación que leyó el abogado Console en la audiencia del pasado jueves "solicita la absolución total de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, de todos los delitos por los que fueran acusados y los hechos atribuidos", por lo que "se los exime de toda la responsabilidad por las graves irregularidades cometidas durante el trámite de la causa por el atentado a la AMIA".
"Esto se ve agravado debido a los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano", advirtió la fuerza que responde a Carrió, que advirtió que, por el contrario, el proyecto de acusación que había sido elevado a Cimadevilla y al propio ministro, y que iba a ser leído por el apoderado Enrique Ventos, "fundaba la acusación de ambos ex fiscales en numerosas pruebas que los implicaban en casi todas las acusaciones"."Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial", dijo la CC, "y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA. El Ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión", señaló el partido en el texto oficial.Y advirtió, incluso, que "Elisa Carrió ya le había manifestado al ministro, el año pasado, que si se afectaba la línea acusatoria, se estaría encubriendo" y que presentó también un escrito ante la Oficina Anticorrupción (OA) en la que relató lo sucedido el año pasado y advirtió que se reservaba la potestad de "efectuar acciones ante eventuales excesos de poder".
La semana pasada, el Ministerio de Justicia había defendido la decisión de no inculpar a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, imputados y acusados por la Fiscalía en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, al sostener que las pruebas en su contra eran "suficientes".En diciembre pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) penas de ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia, a lo que ahora no adhirieron los querellantes del Gobierno, tras un cambio de postura de último momento, que no es la que impulsaba Cimadevilla.
