La jefa de la Coalición Cívica Elisa Carrió y diputados nacionales denunciaron al Gobierno nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la "destrucción y desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Fernández y ex funcionarios sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”.
En la extensa denuncia a la que tuvo acceso PERFIL, los referentes opositores advierten que "el actual gobierno argentino, se encuentra embarcado en acciones coordinadas que apuntan al desmantelamiento de los organismos de control previstos en la normativa argentina, al debilitamiento de las instituciones que han sido creadas y diseñadas legislativamente, conforme estándares internacionales”.
El escrito, que fue elevado ayer al presidente del GAFI, Marcus Plever, fue firmado por Carrió y los diputados de la CC Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, Javier Campos, Laura Castets, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.
“Este desmantelamiento del organismo (en alusión a la UIF), a través del nombramiento mismo de sus autoridades, los despidos del personal técnico capacitado y promotor de causas judiciales relevantes que condujo al procesamiento de funcionarios, hoy nuevamente en la función pública, en cargos relevantes; no son hechos aislados, sino concatenados con otros que apuntan a consagrar la total impunidad de los funcionarios comprometidos en la Justicia”, se expresa en la denuncia.
También cuestiona que la Unidad de Información Financiera “está siendo jaqueada en su pleno funcionamiento e independencia operativa”.
Sobre el final de agosto, Carrió había anticipado sus intenciones de denunciar al Gobierno nacional luego de que trascendiera que la UIF, en manos del abogado Carlos Alberto Cruz, había despedido a 15 empleados y ponía el foco sobre el propósito en la reducción de personal que denunció ahora ante la GAFI.
Este organismo internacional es una institución intergubernamental que tiene el propósito de desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entre los desplazados del organismo figuraban referentes que habían llegado con la gestión del ex titular de la UIF Mariano Federici pero había otros especialistas que reportaban desde antes del gobierno macrista.
No obstante, en su mayoría tenían vinculaciones con expedientes ligados a las causas de corrupción de la actual vicepresidenta.
Más allá de los antecedentes y la preocupación sobre el funcionamiento de la UIF, la maniobra de la Coalición Cívica se inscribe en una nueva embestida de Carrió contra el Gobierno nacional, con foco en Cristina Kirchner y apunta contra el avance de la reforma judicial y las intenciones de modificar el Ministerio Público Fiscal.
La dra Elisa Carrio y legisladores de la Coalición Civica contra el plan de impunidad, denuncian vaciamiento de organismo estrategico. pic.twitter.com/87oI8pzFAX
— Monica Frade (@MonicaFradeok) November 5, 2020
"Desde la Coalición Cívica advertimos el peligro de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI", alerta en un comunicado el espacio opositor, en referencia a los proyectos que avanzan en el Senado bajo la mirada de Cristina Kirchner.
En rigor, el principal objetivo tiene que ver con la remoción del Procurador General interino Eduardo Casal a través de una modificación en los métodos de selección del funcionario y la posible eliminación de la condición de vitalicio del cargo, pero ahora la Coalición Cívica presta atención sobre otro eventual cambio que afecta a la UIF.
"La consagración de este nuevo esquema derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de Cristina Fernández y el Presidente, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder", cuestiona.
Otro de los ejes que pone bajo análisis es que con la salida de Mariano Federici de la UIF "nuestro país perdió la presidencia del grupo Egmont a nivel mundial", dedicado a facilitar la cooperación y el intercambio de inteligencia entre las unidades nacionales de inteligencia financiera para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
"Desde entonces, la zaga incluyó el nombramiento de su presidente, Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo, ambos impugnados para esos cargos y, el posterior vaciamiento de la unidad, con la desvinculación de personal técnico profesional especialmente vinculado a las causas de corrupción que venía impulsado activamente ese organismo", manifiesta la Coalición Cívica en el escrito.
