La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy la exención de prisión de la legisladora de Cambiemos por la provincia de Chaco, Aída Ayala. Ex intendenta de Resistencia, Ayala está procesada, junto a otras 14 personas por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y lavado de activos. A pesar de la decisión judicial de Casación, Ayala no irá presa por el momento por tener fueros parlamentarios.
El caso llegó a la instancia de Casación por los planteos formulados por el fiscal del caso, Patricio Sabadini, quien cuestionó la libertad de la diputada Ayala y del abogado Rolando Acuña; así como por dos de las defensas, quienes solicitaron que se deje sin efecto las detenciones de los empresarios Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala, y Carlos Huidobro, otro de los implicados.
La decisión de la Sala, que se conoció poco después del mediodía, fue en base a la mayoría conformada por los votos de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, quienes resolvieron hacer lugar a los planteos de Sabadini, y declarar inadmisibles los cuestionamientos de las defensas.
El máximo tribunal penal del país resolvió estar al fallo de la jueza de primera instancia, Zumilda Niremperger, que dispuso denegar la exención de prisión de Ayala, anular la resolución que excarceló a Acuña, ambos por arbitrariedad y "declarar inadmisibles los recursos de Huidobro y Fisher -toda vez que la resolución recurrida contó con doble conforme y se cumplió con el derecho al recurso”, explicaron fuentes judiciales.
Aída Ayala: "No soy la jefa de ninguna banda y no soy rica"
Ayala, dirigente de la Unión Cívica Radical, fue elegida diputada por el Chaco en las elecciones legislativas de octubre de 2017 y hasta diciembre pasado ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación en el Gabinete del presidente Mauricio Macri. Antes, fue intendenta durante 12 años de Resistencia, capital de su provincia, cargo que dejó en 2015, cuando asumió en el gobierno Nacional.
Desde octubre presidió la Comisión de Economías Regionales y figuraba como una de las principales candidatas que del macrismo para cubrir competir por la gobernación de su provincia en 2019.
El comienzo de la denuncia en su contra es de 2014, cuando fue denunciada por diputados del PJ de Chaco por lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita y administración fraudulenta por las irregularidades en la contratación de la empresa Pimp SA por 500 millones de pesos para la recolección de residuos. Las sospechas comenzaron porque efectuó la contratación un año antes de abandonar su gestión, habiendo estado 11 años a cargo.
