Sebastián Casanello aceptó el pedido hecho por la Oficina Anticorrupción de ser querellante en la causa caratulada en la cual se investiga la maniobra de Lázaro y Martín Báez de "sacar del país y reingresar al circuito comercial dinero, disimulando su origen".
En la resolución, el juez destaca que "corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción -en los términos del Art. 82 del C.P.P.N.- en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción".
La OA había resaltado la declaración de Leonardo Fariña el día 8 de abril como el escrito presentado al día siguiente había sido terminante al señalar que el movimiento de fondos que se investiga obedeció a un “sistema” corrupto iniciado por la adjudicación digitada de obras públicas el cobro de sobreprecios en la obra concesionada, la liquidación de adelantos financieros incausados con destino de “retorno”, el pago de certificados de “ajuste por inflación” por valores irrazonables y la mencionada evasión impositiva.
A su vez, había hecho especial mención a la citación a Ricardo Echegaray, ya que según la OA, desde su cargo en la AFIP, había facilitado los movimientos ilegales de dinero a través del debilitamiento de los controles y de las dependencias del organismo encargadas de detectar las maniobras de evasión de empresas vinculadas
Para la Oficina Anticorrupción, estos hechos podrían estar directamente relacionados con la “causa Hotesur”, en la que se investiga “el vínculo comercial establecido entre empresas del grupo Báez y hoteles de propiedad de quienes fueron sucesivamente presidentes de la república, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
