La defensa de Diego Lagomarsino realiza una presentación este miércoles en la cual se aseguraría que el técnico informático que proveyó el arma cuya bala terminó con la vida del fiscal, habría donado de manera mensual parte de su sueldo como asistente de la UFI-AMIA al fallecido fiscal Alberto Nisman. Su "diezmo" o "retorno" se suma así a una terrible tradición argentina en la que se reclama parte del sueldo para mantenerse el trabajo.
Uno de los primeros casos de resonancia en la opinión pública fue el protagonizado por Bruno Bimbi, ex asesor de prensa de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti.
Bimbi, actual periodista corresponsal de TN en Brasil, denunció en 2005 que había sido nombrado en 2004 como empleado -categoría A3- en el despacho de la senadora por un sueldo de 1.810 pesos, pero cuando cobró tres meses juntos ($ 5430), le reclamaron un alto porcentaje de su sueldo.
"Yo puse los 5.400 pesos arriba de la mesa, Conti los contó, me dio mil pesos y me dijo: 'Ese es tu sueldo'. El resto, 4.400, lo metió en un cajón. Sobre la mesa quedó un pilón de monedas y ella las empujó con la mano hacia mí y me dijo: 'Las monedas te las podés quedar...'", confirmó en 2009 el periodista a Perfil.com.
A pesar de la denuncia, en 2012 la diputada quedó libre de culpa y cargo. Es que la Cámara Federal porteña decidió confirmar el sobreseimiento dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, porque el querellante que había impulsado la denuncia contra la legisladora oficialista no se presentó a comparecer ante el tribunal. "Atento a la incomparecencia de la parte querellante a la audiencia fijada para el día 20 de marzo, debe tenerse por tácitamente desistido el recurso (...). En consecuencia, el Tribunal resuelve: tener por desistido el recurso", estableció el fallo reseñeado por DyN, firmado por los jueces Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
La causa se había tramitado en la Justicia en lo Criminal y Correccional, que firmó el sobreseimiento, pero el denunciante apeló y la Cámara del Crimen revocó envió el expediente a los tribunales federales de Retiro. Allí, Canicoba Corral también dispuso el sobreseimiento de la ex integrante del Consejo de la Magistratura y fue finalmente ratificado por la Cámara Federal. En su momento, Conti había asegurado que la denuncia en su contra era "una difamación" y una "patraña".
Otro caso denunciado fue el de Víctor Maiola quien en 2011 denunció que en Aerolíneas Argentinas, empresa para la cual trabajaba, le habrían pedido el 10% de su sueldo para financiar a la agrupación que dirige Máximo Kirchner (La Cámpora) y como tenía deudas y no podía hacerlo, pidió tiempo para cumplir. Se lo negaron. Entonces renunció.
"No acepto que esto pase. Me parece que es corrupción. Defiendo mi trabajo, me parece una causa justa", declaró entonces a los medios. Él había denunciado este atropello a través de Facebook. "Vi a Recalde en 678 decir que en Aerolíneas nadie perdió el trabajo. Se ve que no tienen en cuenta lo que me pasó", reclamó.
Más cercano en el tiempo, en 2012, se produjo algo similar en la vida de María Fernanda Gil, también empleada de Aerolíneas Argentinas. María Fernanda ingresó el 9 de noviembre de 2011 a la aerolínea del Estado. Según denunció, la habrían instado a entregar entre el 8 y el 10 por ciento de su sueldo a sus empleadores de La Cámpora. Como resultado de su presentación ante la Justicia, terminó despedida.
En respuesta a esto, Aerolíneas realizó en 2013 un descargo a modo de desmentida en el que consignaron que: “Maria Fernanda Gil, ingresa a trabajar el 08/11/2011, teniendo 90 dias para ser confirmada o no en su puesto. El dia 08/02/2012 finaliza su periodo de prueba. Los informes tanto del jefe de la base Cordoba, Mario Aldao, como la valuacion del Gerente de Aeropuertos que viajo de Buenos Aires a Cordoba para su evaluación, fueron negativos. Con fecha 29/03/2012 Maria Fernanda Gil, le envia un mail al Dr. Recalde, solicitándole que se revea esta decisión, ademas de dejar en claro que ella le agradecía haberla hecho ingresar a trabajar. En ningun momento ella plantea que fuera presionada para realizar algun tipo de aporte de su sueldo. Es totalmente extraño que esto lo plantee casi 2 años despues”.
En una causa parecida, la Cámara Federal ordenó en 2013 que se reabra una investigación contra el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, por el descuento de una parte del sueldo a empleados del organismo para fondos de su partido político, Nuevo Encuentro. El diario Clarín publicó entonces que empleados del AFSCA le pedían el 8 por ciento de su sueldo para el partido, por lo que Sabbatella fue denunciado ante la Justicia por dádivas y violación de los deberes de funcionario público. Sabbatella fue sobreseído en primera instancia pero la Cámara revocó esa decisión y dispuso que siga siendo investigado.
