El Gobierno realizó una serie de trámites judiciales para obtener una prórroga y mantener viva la posibilidad de demandar a la constructora brasileña Odebrecht por los daños ocasionados al Estado. Es para evitar que se venzan los plazos previstos para enjuiciar a la compañía que a fines de 2016 reconoció haber pagado coimas en la Argentina por, al menos, US$35 millones.
Los ministerios del Interior y de Transporte y la Secretaría de Energía, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, realizaron tres "demandas interruptivas de la prescripción" en juzgados en lo contencioso administrativo, según informó la periodista Maia Jastreblansky del diario La Nación.
Con esto, buscan resguardar la posibilidad de que el Estado pueda reclamar un resarcimiento por daños y perjuicios una vez que se determinen responsabilidades penales en las causas de corrupción contra Odebrecht, las cuales se tramitan en los tribunales de Comodoro Py.
Odebrecht demandó al Estado argentino por "discriminación" en licitaciones públicas
Además, el Poder Ejecutivo busca fijar un antecedente en ese fuero, donde confía en tener un resultado favorable en un futuro. La presentación del Ministerio del Interior recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, que subroga Pablo Cayssials; la de Transporte, en el N° 10, a cargo de Esteban Furnari, y la de Energía, en el N° 1, que hoy conduce el juez Enrique Lavié Pico.
Ambos ministerios le solicitaron a los magistrados que se pongan en contacto con sus pares de Comodoro Py para determinar qué empresarios de Odebrecht podrían resultar penalmente responsables por el pago de coimas.
De este modo, el Gobierno busca dar señales de que en un futuro realizará la prometida demanda para exigir un resarcimiento a la primera empresa que reconoció haber pagado sobornos al kirchnerismo, tras la asunción de Mauricio Macri.
F.D.S./