Se cumplieron dos años desde que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones, entre 2007 y 2014. Sin embargo, la Justicia argentina y las autoridades brasileñas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas. En las últimas semanas, la primera posibilidad real para obtener la evidencia en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi espera que la Cancillería se pronuncie sobre su postura y luego deberá decidir si aprueba el acuerdo. Todo indica que esta posibilidad no verá la luz antes de 2019, confirmaron fuentes judiciales.
El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, explicó en un escrito que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil que permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht. En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos apuntaron en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como la responsables de los pagos ilegales por la obra. El fiscal impulsa la firma del acuerdo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados por el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, nombrado por Mauricio Macri.
Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.
Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht.
La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de la compañía. La defensa sostuvo que se trata de un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas.
Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Consultada por PERFIL, Odebrecht afirmó que la constructora “ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes”. Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no pudieran ser utilizadas contra los colaboradores y contra Odebrecht en lo penal sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que ahora la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.
Ignacio Irigaray, de la Oficina Anticorrupción, sostuvo en el expediente que acordar con Brasil en este marco “sólo indicaría la imposibilidad de usarla (la prueba) contra las mismas personas que la proveyeron en el marco de esos acuerdos” y “ellos no implicaría la obligación de renunciar” a investigar a “persona determinada, sino solamente al uso de cierta información en su contra”. La OA afirmó que no cerrar el acuerdo “equivale a bloquear la cooperación internacional”, lo que implicaría la violación a los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales.
La AFIP complicó a Iecsa con pruebas de presuntos sobornos por US$ 5 millones
En el caso de los cuadernos, Calcaterra admitió haber dado las órdenes a Sánchez Caballero para el pago de coimas. Sin embargo, el empresario negó que Iecsa haya tenido participación en el pago de sobornos por el soterramiento. En el entorno de Calcaterra, apuntan a la empresa brasileña por esos pagos.
El empresario sigue sumando frentes judiciales en torno al mismo eje: coimas durante el kirchnerismo. El financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, volvió a declarar por los cuadernos y esta vez nombró a Calcaterra, a Sánchez Caballero y a Santiago Altieri como quienes acordaban pagos con su financiera, dedicada a blanquear sobornos, según informó Infobae. Son los tres hombres de Iecsa más complicados en el caso del soterramiento.
A los testimonios de Odebrecht se suman las pruebas aportadas por la Justicia de Andorra, que detectó pagos del consorcio formado por Odebrecht y Iecsa por casi US$ 4,5 millones a una consultora española que habría operado como pantalla para blanquear coimas. La cuenta bancaria que movió el dinero entre 2011 y 2012 tenía como apoderado a Altieri, como reveló PERFIL.
Iecsa funcionaba entonces en el mismo edificio de la financiera de Clarens pero en el entorno de Calcaterra negaron haber realizado pagos de coimas utilizando la cueva K por excelencia. También resaltaron que Clarens ya había declarado otros dos veces y nunca había nombrado a Calcaterra. “Quiere involucrarlo por su relación familiar”, en alusión a sus lazos con el Presidente.
Se cumplieron dos años de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones, entre 2007 y 2014. Sin embargo, la Justicia argentina y las autoridades brasileñas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas. En las últimas semanas, la primera posibilidad real de llegar a un acuerdo en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.
El fiscal Franco Picardi explicó en un escrito que el acuerdo al que se llegó con las autoridades de Brasil permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht. La Justicia argentina busca los nombres de los ex funcionarios que habrían recibido sobornos para entregar obras a la compañía brasileña y sus socias locales. En el caso del soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa. Todas son investigadas en la causa.
El fiscal Picardi impulsa la firma del acuerdo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados en el visto bueno del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, nombrado por Mauricio Macri.
Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los brasileños que declararon como arrepentidos en el caso. Tampoco contra la compañía.
Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas por los brasileños, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht en diferentes causas en la Argentina.
Dos Odebrecht. La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Sánchez Caballero, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de Iecsa. La defensa sostuvo que se trata de un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas en contra de sus defendidos.
Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Consultada por PERFIL, Odebrecht afirmó que la constructora “siempre estuvo a la disposición de la Justicia argentina y ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes”. Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no puedan ser utilizadas no sólo penalmente contra los colaboradores y contra Odebrecht sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.
Ignacio Irigaray, subsecretario de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, sostuvo en el expediente que la Justicia argentina no tendría demasiadas opciones: si quiere avanzar sobre los delitos de cohecho en el caso Odebrecht debe acordar con Brasil. Acordar con Brasil en este marco “sólo indicaría la imposibilidad de usarla (la prueba) contra las mismas personas que la proveyeron en el marco de esos acuerdos” y “ellos no implicaría la obligación de renunciar a la promoción o ejercicio de la acción contra persona determinada, sino solamente al uso de cierta información en su contra”. La fiscalía y cualquier otro acusador -dice Irigaray-, como la OA o la UIF, mantienen la facultad de investigar sobre otros hechos incluso a los brasileños que aportaron pruebas.
La OA sostuvo que no cerrar el acuerdo “equivale a bloquear la cooperación internacional”, lo que implicaría la violación a los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales.
Soterramiento: complican a las socias locales de Odebrecht y a una empresa uruguaya
Dos Iecsas. En el caso de los cuadernos, tras la detención del ex CEO de Iecsa, Calcaterra se presentó ante la Justicia y admitió haber dado las órdenes a su ejecutivo para el pago de coimas a Roberto Baratta. Sin embargo, el empresario negó durante su indagatoria que Iecsa haya tenido participación en el pago de sobornos a ex funcionarios por el soterramiento. En el entorno de Calcaterra, apuntan a la empresa brasileña por esos pagos.
El empresario sigue sumando frentes judiciales en torno al mismo eje: coimas durante el kirchnerismo. El financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, volvió a declarar por los cuadernos y esta vez nombró a Calcaterra, a Sánchez Caballero y a Santiago Altieri como quienes acordaban pagos con su financiera, dedicada a blanquear sobornos, según informó Infobae. Son los tres hombres de Iecsa más complicados en el caso del soterramiento.
A los testimonios de odebrecht se suman las pruebas aportadas por la Justicia de Andorra, que detectó pagos del consorcio formado por Odebrecht y Iecsa por casi US$ 4,5 millones a una consultora española que habría operado como pantalla para blanquear coimas. La cuenta bancaria que movió el dinero entre 2011 y 2012 tenía como apoderado a Altieri, como reveló PERFIL.
Iecsa funcionaba entonces en el mismo edificio de la financiera de Clarens pero en el entorno de Calcaterra negaron haber realizado pagos de coimas utilizando la cueva K por excelencia.
También resaltaron que Clarens ya había declarado otros dos veces y nunca había nombrado a Calcaterra. “Quiere involucrarlo por su relación familiar”, en alusión a sus lazos con el Presidente.
El contrato revela pagos por US$ 4.495.250 a esta "consultora" española investigada en Andorra, Colombia y Perú como firma fantasma. Fue firmado por el ejecutivo de Iecsa Santiago Ramón Altieri, el 27 de abril de 2010. La firma española debía realizar supuestos "servicios empresariales, profesionales y técnicos" para la obra del Sarmiento por un total de US$ 10.316.253 pero se concretaron pagos por solo la mitad de ese dinero.
Las transferencias bancarias fueron autorizadas por Altieri desde una cuenta controlada por Iecsa en el Banco Santander Río, en Buenos Aires. Se realizaron en doce cuotas entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, como reveló ayer PERFIL. El dinero fue destinado a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (PBA), una entidad utilizada por varias constructoras para lavar dinero de sobornos, como estableció la Justicia de ese principado europeo.
