El fallo de la Sala I de la Cámara Federal sobre el Cuadernogate no convalidó la doctrina Rocca sobre haber sido víctimas de un esquema extorsivo que obligaba a los empresarios a pagar coimas, pero les abrió una valiosa salida de emergencia.
Como se anticipó el domingo en PERFIL, la sala integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le quitó a empresarios como Aldo Roggio, Luis Betnaza y Angelo Calcaterra la figura de asociación ilícita (3 a 10 años de prisión) que les había impuesto el juez Bonadio, cambiándola por la más benigna de cohecho (1 a 6 años).
La sentencia no avala la teoría del #MeToo empresario que intenta explicar que debieron pagar coimas para no perder sus empresas, en medio de un sistema de abuso de parte del poder kircherista, pero deja el camino abierto para que a partir de una figura más leve, se abran nuevas vías de negociación entre los involucrados y la Justicia.
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El Gobierno sigue de cerca esa posibilidad, ante el temor de que las empresas de los involucrados puedan entrar en un proceso de crisis de la mano de las condenas a sus propietarios. En principio, el riesgo es la pérdida de financiamiento que podrían sufrir las firmas involucradas en procesos de corrupción.
Hoy, unos y otros piensan como salida la posibilidad de una probation y estudian casos similares en el mundo que incluyen el pago de una multa millonaria al Estado (recuperar el dinero de la corrupción), el establecimiento de reglas de transparencia (compliance) y el trabajo comunitario.
Y, en especial, incluye no ir preso.
A diferencia de otros países, en la Argentina la probation no significa reconocer el delito. Se equivocarían esos empresarios, el Gobierno y los jueces si creen que un acuerdo judicial de esa naturaleza podría esquivar un reconocimiento explícito de lo hecho y un mea culpa claro y público.
Tendría valor judicial, pero sería socialmente inaceptable.
