Cada vez son más los empresarios que sostienen que ellos, lejos de ser responsables de la corrupción, son víctimas. Víctimas de un sistema de abuso de poder comandado por funcionarios que tenían en sus manos el futuro de sus empresas.
Juran que pagaron coimas obligados por el dilema de pagar o cerrar. Y se diferencian de aquellos como Báez, Cristóbal López o Carlos Wagner, que "se dedicaron a hacer negocios al amparo del poder político". Mencionan a De Vido, Jaime y López, como generales de los que dependía la vida y la muerte de sus empresas, con los puestos de trabajo incluidos.
El ideólogo de esta doctrina es Paolo Rocca.
“Víctimas”. El nuevo titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, se lo explicó ayer a PERFIL: "Hay empresas que no tenían tradición ni capacidad para construir y que dejaron obras sin concluir. Y después había empresas que fueron obligadas a entrar en esto con presión. Hay que sentarse en la silla de un tipo que tiene una empresa de 105 años y debe tomar la decisión de si va a seguir existiendo o no".
Es la aplicación de la doctrina Rocca: los empresarios argentinos fueron víctimas acosadas por el poder político. Una suerte de #MeToo en el cual los victimarios fueron los funcionarios que los obligaban a pagar en el marco de un sistema de abuso.
Paolo Rocca lo explica en primera persona. Chávez le expropió sin pagar una empresa como Sidor, que, según él, costaba unos US$ 1.600 millones. Se vio obligado a recurrir a los Kirchner para cobrar. Consiguió US$ 1.970 millones, 300 de los cuales fueron a los K. Lo que para la Justicia es una coima, para él es una simple extorsión: "Pagar para que devuelvan lo que nos correspondía".
El polémico "yo también fui extorsionado" no dice que pagaron para beneficiarse
Rocca afirma también que no estuvo al tanto de un acuerdo de tal magnitud y que sus negocios en la Argentina representaron apenas el 1% de la obra pública, justamente porque no pagó sobornos.
Las cifras oficiales de aquel tiempo indicaban en cambio que Techint era uno de los mayores beneficiarios de la obra pública. Y el ex funcionario Claudio Uberti declaró que, dos años antes del episodio de Sidor, recibió sobornos de Luis Betnaza, director de la multinacional. Indicó que cada entrega equivalía a 100 mil dólares que luego le daba a Kirchner.
Ya hay decenas de empresarios procesados o en vías de serlo. Entre ellos, el "yo también fui extorsionado" gana adherentes: "Los medios favorecen una visión simplista de lo que pasó. Con los K el país fue una guerra en la que muchas veces hubo que ceder a las presiones para subsistir", explica otro de los empresarios salpicados por el Cuadernogate.
Se consideran víctimas, rechazan la figura de cohecho y, mucho más, la de asociación ilícita que les imputa Bonadio: “No hay asociación entre víctima y victimario”.
La más o menos sutil relación con las mujeres víctimas de abuso es polémica. Incluso aceptando la lógica del empresario obligado a pagar para no cerrar su empresa (y salvando los casos de aquellos en los que, aun pagando, perdieron su patrimonio), la mayoría entregó dinero para seguir obteniendo negocios y beneficios económicos.
La razonabilidad que pueda tener la doctrina Rocca sobre el contexto de presión reinante no quita que el objetivo del empresariado era el de maximizar sus beneficios económicos. Lo que lograban después de pagar la coima.
La Justicia se dispone a acotar la responsabilidad empresaria y abrir el camino a la probation
Presión. El malestar de esta porción del círculo rojo primero se dirigió al juez, pero ahora comenzó a virar hacia el Gobierno. No entienden cómo personas que provienen de su mundo no diferencian entre funcionarios o empresarios corruptos, de quienes fueron sus víctimas. Esta semana le apuntaron en especial a Macri, en el marco del llamado a indagatoria de su hermano y su padre. Cuando en privado dicen que "él conoce muy bien lo que sucedía", no se sabe si lo dicen como información o como amenaza.
Si se refieren a cómo Franco Macri se hizo rico al amparo de gobiernos civiles y militares, no parece que su hijo esté dispuesto a inmolarse en su defensa. Lo que sí piensa el Presidente es que sus colegas empresarios gastaron durante años más esfuerzos en relacionarse con los gobiernos de turno que en volver más competitivas a sus empresas.
En el Gobierno escuchan a diario estas preocupaciones, pero dicen que nada pueden hacer al respecto, “como quedó claro esta semana” en relación con lo que consideran la injusta indagatoria de Bonadio a los Macri.
No es lo que cree Pichetto. El último martes, en el marco de la presentación en el Congreso de Periodismo y verdad, el libro de Fontevecchia, el senador declaró: “La Justicia debe actuar, pero los gobernantes tienen que cuidar los efectos colaterales, impedir la trasnacionalización de las empresas, evitar que se pierdan, ayudarlas con financiamiento”. Luego recordó que el "Mani Pulite hizo que Italia pasara de quinta potencia al lugar 39°; y con el Lava Jato se perdieron 5 puntos de PBI".
Lo que viene. Las dos cosas pueden ser ciertas. El Gobierno puede no tener nada que hacer con las causas judiciales y esas causas pueden ocasionar efectos, al menos momentáneos, muy dañinos no solo para los involucrados, sino también para el Gobierno y la economía del país.
Pero se supone que la especialidad de los políticos es intentar desenhebrar la complejidad de la realidad, no solo ser sus relatores.
En este caso, si ni los gobernantes ni los legisladores hallan el equilibrio entre dos necesidades, la de justicia y la de acotar los “daños colaterales”, quizá sea la Sala I de la Cámara Federal la que aporte un principio de solución.
Sus titulares, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se aprestan a fallar antes del 31 de diciembre sobre las apelaciones en la causa de los cuadernos.
En su sentencia, no se dispondrían a avalar la teoría empresaria del “yo también fui extorsionado”, pero limitarían la figura de asociación ilícita a un puñado de funcionarios, como De Vido, Uberti y tal vez la ex Presidenta, más algunos empresarios, como el ex jefe de la Construcción.
Al resto de los empresarios les cabría la figura de cohecho (descartarían la de dádivas) mientras que para otros ex funcionarios les imputarían “incumplimiento de los deberes” o, la más grave, “defraudación en perjuicio de la administración pública”, en el caso de coimas recibidas sin realización de obras.
Saben que aceptar hoy la doctrina Rocca sería sobreseerlos y eso parece imposible, tanto desde lo jurídico como desde lo social.
¿La salida? En el Gobierno siguen de cerca la posibilidad de que la lógica judicial coincida con las necesidades políticas del país.
Con la figura de cohecho, ven más cerca la posibilidad de que se generen acuerdos judiciales. Piensan en una probation y estudian casos similares en el mundo que incluyen el pago de una multa millonaria al Estado, el establecimiento de reglas de transparencia (compliance)y trabajo comunitario. Y, en especial, incluye no ir preso.
Un premio mayor frente a tanta corrupción conocida no solo durante el kirchnerismo.
Pero en un año electoral hay quienes se ilusionan en que recuperar por primera vez el dinero de la corrupción sume institucionalidad y, también, votos. Además de descomprimir el riesgo económico del Cuadernogate.
El problema es que, a diferencia de otros países, en la Argentina la probation no significa reconocer el delito.
Pero si los empresarios involucrados no reconocen que pagaron coimas y hacen un mea culpa público por ello, todo lo demás perderá sentido.
Y ellos perderán la oportunidad de reconciliarse con la sociedad.
