La causa judicial que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a una mansión ubicada en Pilar, adjudicada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo tras el pedido para que el expediente vuelva al fuero federal y quede nuevamente bajo la órbita del juez Daniel Rafecas. La solicitud fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes impulsaron originalmente la denuncia y ahora cuestionan la decisión de la Cámara Federal de derivar el caso al fuero penal económico.
El planteo se produjo luego de que la Cámara Federal resolviera que la investigación continúe en el Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky, apartando al magistrado cuando la pesquisa se encontraba en pleno avance. Según los denunciantes, el eje central de la causa es el presunto delito de lavado de activos, lo que corresponde por su naturaleza a la Justicia federal y no al fuero penal económico.
Además del reclamo por la competencia, los acusadores ampliaron la presentación judicial con nuevos hechos y elementos de prueba documentados. En ese marco, solicitaron que se incorpore formalmente a otros funcionarios y personas vinculadas a la AFA, entre ellos Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
Vale destacar que la nueva presentación se dio tras los allanamientos realizados en una propiedad del barrio privado Ayres Plaza, en la localidad bonaerense de Pilar, donde la Justicia halló decenas de vehículos de alta gama registrados a nombre de una empresa bajo sospecha. Ese procedimiento había sido ordenado por Rafecas poco antes de ser apartado de la causa.
Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes y dirigente de la Coalición Cívica, explicó a través de su cuenta de X los motivos del pedido para que el expediente regrese al juzgado federal. “Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente”, sostuvo.
En ese sentido, precisó que junto a Matías Yofe presentaron un escrito ante la Procuración General con el objetivo de revertir el cambio de jurisdicción. “Acá lo central de la denuncia es el lavado”, remarcó Del Gaiso, al insistir en que se trata de un delito de naturaleza federal que afecta bienes jurídicos de alcance nacional.
Según detallaron en el documento, el delito de lavado de activos no fue asignado expresamente al fuero penal económico cuando se incorporó al Código Penal mediante la ley 26.683. “En el listado taxativo de figuras delictivas atribuidas a ese fuero no figura expresamente el delito del artículo 303 del Código Penal”, argumentaron los denunciantes.
El planteo también cuestiona el razonamiento del juez Leopoldo Bruglia, quien en un fallo unipersonal sostuvo que, al menos en esta etapa, solo estaría comprometido el orden económico y financiero. “Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia”, señaló Bruglia al justificar el traspaso del expediente.
Para los denunciantes, esta interpretación limita el alcance de la investigación y desconoce el impacto federal del presunto esquema de lavado que se intenta esclarecer. Por ese motivo, insisten en que Rafecas debe retomar el control del caso. “Justo cuando el juez que más avanzó fue apartado, en medio de los allanamientos, se produjo el cambio. Se ve que a alguien le molestó que la investigación avanzara con tanta celeridad”, afirmó Yofe en declaraciones periodísticas.
Junto con el pedido de cambio de fuero, los integrantes de la Coalición Cívica ampliaron la denuncia original incorporando nuevos elementos probatorios. En ese marco, solicitaron la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por su presunta participación “en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca”.
La investigación gira en torno a Real Central SRL, firma propietaria formal de la mansión allanada en Pilar y de un importante parque automotor. Durante el procedimiento ordenado por Rafecas se encontraron 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados, entre ellos autos deportivos, camionetas 4x4, motocicletas de gran cilindrada y vehículos considerados “coleccionables”.
Los titulares formales de la empresa, Luciano Pantano y Ana Conte, están bajo sospecha de actuar como presuntos testaferros. Según consta en la causa, la sociedad fue constituida en 2021 con un capital inicial reducido y un objeto social vinculado a la gastronomía y la comercialización de bebidas, pero en pocos años habría acumulado resultados positivos por cientos de millones de pesos.
En paralelo, el juez federal Luis Armella ordenó más de 30 allanamientos en otra investigación vinculada a la financiera Sur Finanzas, también relacionada con el presidente de la AFA. Para los que generaron la denuncia que se dio a conocer en las últimas semanas y generó un impacto relevante en la agenda mediática, el entramado de sociedades y bienes refuerza la hipótesis de un esquema destinado a ocultar el origen de los fondos.
ARCA, contra Chiqui Tapia
En medio del escándalo que generó la acusación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sorprendió esta semana al realizar una polémica denuncia penal. La presentación involucra a Claudio Chiqui Tapia, titular de la entidad madre del fútbol nacional. Lo acusan de apropiación indebida de tributos por $ 7.593.903.512,23.
Según la denuncia del organismo fiscal, el presidente de la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025. El punto clave de la acusación radica en que, según la ARCA, dichos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430. El escrito, firmado por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, Vanina Mariel Vidal, detalla que la AFA incurrió en la omisión de ingresar al fisco montos que superan el umbral de $ 100 mil mensuales que establece la normativa penal tributaria. Al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas permanecían impagas. El monto total de retenciones impositivas no ingresadas en término es de $ 916.005.301,41.
Agencias
