El juicio por presuntas irregularidades en el otorgamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz retomó su curso este martes 25 de octubre con el último de los alegatos de las defensas. El abogado de dos exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, aseguró que “ningún presidente de la Administración General de Vialidad Provincial manejó fondos nacionales. Nunca".
Esta audiencia, que finalizará el próximo lunes 31 de octubre, es la última antes de la próxima etapa del juicio: restan las réplicas –en caso de que la fiscalía las solicite– y luego las últimas palabras antes de llegar al veredicto.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el defensor Miguel Arce Ageo dijo que pedirá la absolución de los ex funcionarios provinciales y también apuntó contra “los errores” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Críticas a los fiscales Luciani y Mola
En contra en parte de la estrategia de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, Arce Ageo sostuvo que "ningún presidente de la AGVP manejó fondos nacionales, nunca", lo que deja entrever que considera que toda la responsabilidad por licitaciones y pagos recae sobre funcionarios nacionales.
En palabras del letrado, "el error más grave" de Luciani y Mola fue que "confundieron los ámbitos de imputación" al "poner el perro delante de los caballos". La fiscalía "hizo una construcción errónea" de las acusaciones en su "frondoso alegato".
Para él, los fiscales "no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista" que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional. "Es un error de praxis, tengo que primero acreditar que el delito objetivamente se cometió", dijo.
La acusación en contra de sus defendidos, dijo, se basa en "conclusiones sólo emergentes de las mentes de Luciani y Mola". "En este juicio por continuar adelante con la realidad planteada, todos los roles fueron subvertidos y los fiscales asumieron el rol directo de peritos", planteó sobre la pericia de cinco de las 51 obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez.
"En su afán de acusar, los fiscales avanzaron creando un Frankenstein, una imputación monstruosa, insostenible", expresó.
Los fiscales habían pedido una condena de seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), como supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Y en el caso de Santibañez, quien tuvo el mismo cargo, pidieron cuatro años de prisión.
AG / MCP
