La Cámara Federal ordenó reabrir
una investigación que involucra al ex ministro de Economía y al ex asesor del presidente
Carlos Menem. Es por un
supuesto pedido de sobornos a una empresa italiana.
El ex ministro de Economa, Domingo Cavallo, y el ex asesor presidencial, Emir Yoma. |
AFP
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el ex asesor presidencial de Carlos Menem, Emir Yoma, estarán de nuevo en la mira de la Justicia, ya que la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación que los involucra en un supuesto pedido de sobornos a una empresa italiana.
Los camaristas de la sala II revocaron el sobreseimiento por prescripción del delito que había beneficiado a los dos funcionarios –y también a Alfredo Karim Yoma, quien por la época del delito investigado era secretario de Asuntos Especiales de Cancillería– en el escándalo conocido como la “tangente”.
El tribunal de apelaciones determinó que la investigación, que comenzó en 2001 por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, deberá continuar. La pesquisa se basó en la denuncia de un empresario italiano que había intentado proveer al país de equipos de gas para estaciones de servicio, en base a un tratado de cooperación binacional que necesitaba el visto bueno de la Argentina.
La denuncia determinó que el entonces asesor presidencial y cuñado de Carlos Menem, Emir Yoma, le habría ofrecido “solucionar” las trabas burocráticas en la Argentina, como primer paso para un presunto pedido de coimas. De esta manera, Cavallo –quien por entonces se desempeñaba como canciller– y Yoma quedaron involucrados en la causa.
Con relación a Cavallo, el tribunal entendió que la causa no prescribiódebido al lapso que el imputado pasó en la función pública como canciller, después como Ministro de Economía de sendos gobiernos –el de Carlos Menem y Fernando de la Rúa– y como diputado nacional. .
“La acción penal, con relación al nombrado, no se encuentra prescripta”, concluyeron entonces los jueces Horacio Cattani y Eduardo Luraschi. La Cámara determinó ahora que la causa deberá continuar por los delitos de cohecho, exacciones ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública. De esta manera, la investigación quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas, luego que la Cámara aceptó la apelación del fiscal federal Federico Delgado y de la Oficina Anticorrupción.
