El Centro Cultural Kirchner (CCK) vive un clima de tensión desde la llegada del gobierno de Cambiemos y, en particular, del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, que tiene bajo su cargo este espacio.
Primero llegaron las inquietudes por el posible cambio de nombre, y la eventual pérdida de la gratuidad del lugar anunciada por el secretario de cultura porteño, Darío Lopérfido. Ahora se sumó el despido de 600 de los 710 empleados que ingresaron a trabajar desde la inauguración, el 21 de mayo de 2015.
Sería el comienzo de una reprogramación del centro, para convertirlo en el "faro cultural del hemisferio sur", como promete la nueva gestión.
El lunes, los trabajadores despedidos volvieron a reclamar la reasignación de sus puestos de trabajo en la puerta del edificio, situado sobre Leandro N. Alem. De acuerdo a lo anunciado por la nueva gestión, que tendrá como director del centro a Gustavo Mozzi -ex titular de la Usina del Arte-, se trata de empleados cuyo contrato caducó el pasado 31 de diciembre. y se decidió no renovarlos.
Pero ante la inminencia de un conflicto mayor, Lombardi pidió a los gremios intervinientes que le acerquen una planilla con los datos de los empleados cesanteados, "para conocer cuáles eran sus funciones, realizarles entrevistas y determinar su continuidad".
Según el funcionario, el CCK necesita alrededor de 400 empleados y especialistas con conocimientos curatoriales. Para determinarlo, durante los últimos días realizó, junto a su equipo de trabajo, un diagnóstico detallado con el estado de situación del lugar. Así, se resolvió que el 85% contaba con contratos temporales vinculados a tres universidades –San Martín, Tres de Febrero y La Matanza— y apenas un 15%, que hoy sigue trabajando, fue contratado bajo el paraguas de la ley marco.
El informe de diagnósitco determinó que el 81% de las designaciones "fue en 2015" y el 42% "fue realizada en la segunda mitad del año". Todos lograron su ingreso sin ningún tipo de concurso ni evaluación previa. "Nos dejaron un centro cultural totalmente permeado por la política", explicó Lombardi, quién estimó que la inversión en torno al edifició llegó a los $3.000 millones.
Reclamo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigió "que se renueven los contratos" de los empleados removidos y se les permita ingresar al edificio para ocupar sus puestos de trabajo.
Según denunciaron, cuando se presentaron a cumplir con su jornada laboral, les fue rechazado el ingreso "con la desprolijidad de que varios de nuestros compañeros ficharon normalmente pero luego fueron invitados a retirarse del edificio", según detallaron a través de un comunicado.
Se optó, entonces, por mantener un estado de asamblea permanente, avalado por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, con la expectativa de conseguir una reunión con Hernán Lombardi, y la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes.
Los ex empleados anticiparon que mañana realizarán una nueva protesta frente al edificio para "exigir la continuidad del 100% de los trabajadores".
