El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y empresarios por presunto lavado de dinero en la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner de 2007. En ese entonces las aportaciones provinieron de una lista en el que había una sospechosa mayoría de empresas farmacéuticas.
Entre los acusados se encuentran Héctor Capaccioli, Hernán Diez y Sebastián Gramajo, sindicados como recaudadores de la campaña presidencial "Cristina-Cobos y vos" del Frente para la Victoria. Las tres empresas apuntadas por Lijo son Multipharma, Snafor Salud y Global Pharmacy.
A los ex funcionarios se los acusa de aceptar el dinero a pesar de estar en su conocimiento que el origen era ilícito. Por su parte, a las compañías se les imputa haber aportado 886 mil pesos que no pudieron justificar.
"Es una investigación que fue muy larga y transcurrió por muchas hipótesis incluso la inicial era ver si las empresas que habían aportado después había un beneficiado por contratos en el Estado. Eso implicó la recorrida por las contrataciones de los ministerios. La verdad es que son investigaciones muy complicadas", explicó Lijo sobre el proceso judicial en diálogo con Radio Nacional.
Consultado por cuál sería la supuesta maniobra de lavado que se habría identidicado, el magistrado detalló: "La que según mi criterio se logró probar es que las empresas entregaron a los responsables de la campaña electoral cheques con un aporte, recibían a cambio la factura y previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Es imposible en estos casos establecer el origen, las firmas no pudieron justificar los depósitos y ninguna de las tres empresas contaba con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos".
En ese sentido, amplió: "Tampoco hubo un registro contable del movimiento del dinero. Había cuentas que se activaron solamente para estos pagos". Y concluyó: "Lo que está claro es que el origen del dinero es ilegal" aunque puntualizó que "va a ser muy difícil probar que este dinero proviene del tráfico de efedrina".
