“Nosotros también tenemos carpetas”, amenaza y se enoja un asesor contable de Clarín que esta semana mantuvo reuniones con los accionistas del Grupo. Desparrama, además, una serie de filosas hipótesis sobre por qué la Corte Suprema emitió un fallo adverso para el Grupo. Repite con encono los nombres de Ricardo Lorenzetti y Enrique Petracchi: los acusa de manejos que impulsarían una investigación de oficio en la Justicia. Y asegura que el CEO de la compañía está más preocupado por las finanzas del estudio jurídico que conduce uno de los hijos de Lorenzetti en Rafaela que por el propio juez de la Corte. El testimonio del funcionario es compartido por algunos directores del multimedios.
Tal como adelantó PERFIL en su edición de ayer, Clarín no sólo prepara un complejo plan de adecuación a la ley de medios, sino que también avanzará en la vía judicial. Pero sin dudas también desplegará los brazos de su arsenal mediático para esmerilar la figura de una Corte que hasta una semana era considerada prestigiosa en las páginas de Clarín.
Por estas horas dentro del multimedios estudian la posibilidad de presentarse en la Corte Suprema el lunes o martes para pedir la “nulidad” del fallo que declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El plazo legal para tratar de “impugnarlo”, creen los abogados, vence el próximo miércoles, cinco días hábiles tras el fallo.
El escrito es analizado por uno de los diez estudios de abogados que asesoran al Grupo. Todavía no están plenamente convencidos de presentarlo, pero es una de las variables en análisis.
Según fuentes del Grupo el enojo con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es brutal. Aseguran que en los días posteriores al fallo el juez habría mandado algunos emisarios a “dialogar” con al menos dos autoridades del Grupo para evitar una embestida mediática en su contra. Esos testimonios podrían ayudar a fundamentar la presentación de nulidad.
En su edición de ayer PERFIL adelantó que los directores de la compañía ya trabajan en un plan de “adecuación voluntaria” de las licencias y señales que debería vender para adecuarse a las exigencias de la Ley de Medios.
Se trata de una puja de poder con el Gobierno para evitar que el AFSCA –autoridad de aplicación de la norma– avance con su plan para dividir “de oficio” la compañía.
Sobre todo porque el criterio que manejan los técnicos oficiales es que las licencias involucran los bienes que las hacen funcionar: parte del tendido de las redes de Cablevisión, por ejemplo.
Luego de la nota de PERFIL de ayer, Martín Sabbatella, titular del Afsca salió al cruce del Grupo: “Sería muy cuestionable que haya maniobras para incumplir la Ley”, se quejó en declaraciones radiales, en referencia a la estrategia del multimedios para adecuarse sin vender.
Pero incluso los propios funcionarios técnicos del Afsca aseguran que si el Grupo presenta un plan de adecuación lo evaluarán antes de dar la sentencia final. La guerra recién empieza
