El kirchnerismo avanzó con una polémica resolución que puso en vigor seis artículos del Código Procesal Penal de la Nación, que podría beneficiar a acusados por corrupción porque permite la revisión de una sentencia firme. La maniobra se ejecutó desde el Congreo y motivó la inmediata reacción de la oposición, que consideró a estos artículos una "garantía de impunidad" para exfuncionarios, entre los que figuran el ex vicepresidente Amado Boudou.
Entre los artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia figura el 366 en forma completa, que indica que "la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado" teniendo en cuenta varios motivos entre los que se encuentra el inciso F, que ya había sido aprobado a comienzos de 2020 y que abre la puerta a que haya una instancia superior a la Corte Suprema de Justicia.
Ese punto habilita la revisión de una "sentencia firme en favor del condenado toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual".
Esto admite que en esos casos la última palabra pueda ser de un organismo internacional, como una nueva oportunidad para el condenado de seguir apelando y que mientras tanto, a partir de la aprobación del artículo 375, esté eximido de cumplir con la pena en prisión.
Dicho artículo establece que "solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes que intervengan".
El nuevo Código Procesal Penal se aprobó en 2014 e impulsa el sistema acusatorio, es decir que delega la investigación en los fiscales. La asunción de Mauricio Macri en 2015, el conflicto con Alejandra Gils Carbó y la imposibilidad de Macri de nombrar otro Procurador dilataron su aplicación a nivel nacional. Sólo está vigente, por ahora, en dos provincias, Salta y Jujuy.
Los artículos que entraron en vigencia permiten la revisión de una condena firme y que haya una instancia superior a la Corte Suprema. Mientras apela, el acusado puede esquivar la prisión.
La decisión se tomó durante una reunión de la Comisión Bicameral e Implementación del Código Procesal Penal que comanda la ultra kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y fue publicada este miércoles 10 de febrero en el Boletín Oficial.
El texto tiene las firmas de Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.
El caso de Amado Boudou
El ex vicepresidente Amado Boudou obtuvo la prisión domiciliaria el año pasado por decisión del juez Daniel Obligado, quien evaluó la situación de pandemia y el riesgo de coronavirus, así como el estado de vulnerabilidad que sufrían los hijos de Boudou. Pero en ese momento no estaba firme la condena de cinco años y diez meses por Ciccone Calcográfica, lo que sí sucedió a fin de año, por lo que los fiscales pidieron que Boudou vuelva a la cárcel.
En medio de esta situación es cuando precisamente se conoce la maniobra en el Congreso que permitiría dilatar aún más el regreso del ex vicepresidente a prisión.
La oposición, en tanto, salió a marcar el rechazo a la movida que tuvo su epicentro en el Senado, aunque también con la firma de diputados del Frente de Todos y apuntó directamente contra la intención del kirchnerismo de alivianar la situación judicial de varios ex funcionarios.
La puesta en vigencia de 6 artículos del Código Procesal Penal por parte de una Comisión Bicameral que no tiene facultades legales para hacerlo, busca otorgar más beneficios, más recursos y facilidades de pago de la condena a corruptos condenados por la Justicia.
— Luis Petri (@luispetri) February 10, 2021
El radical Luis Petri, abogado y ligado a temas de seguridad y de lucha contra la corrupción, explicó en diálogo con PERFIL que la Comisión "se extralimitó en sus facultades poniendo en vigencia normas, cuando su única misión es establecer el cronograma de la puesta en marcha del Código Procesal Penal" con la intención de "mejorar la posición procesal de todas las personas acusadas y condenadas por corrupción".
Según evaluó, con esta puesta en vigencia "se está dilatando la posibilidad de que se pueda cumplir la pena de manera efectiva, es decir en prisión, aumentando los beneficios y los recursos para impedir que las personas condenadas por corrupción tengan condena efectiva, desconociendo antecedentes de la Corte", indicó.
Para la oposición hay un intento de garantizar la impunidad de los exfuncionarios acusados por corrupción
Al respecto, Petri citó además una resolución de la Corte Suprema del año 2017 que la indica que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Máximo Tribunal argentino" porque supondría convertirla en una "cuarta instancia revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional", de acuerdo al archivo del CIJ de febrero de ese año.
Desde el oficialismo explican, en tanto, que por las leyes 27.150 y 27.482 la Comisión tiene esa facultad delegada por ley que le permite ir poniendo en vigencia distintos artículos, además del establecimiento del cronograma de implementación en el que también viene trabajando.
El diputado Alvaro de Lamadrid también se sumó a las objeciones y marcó que "en defensa propia, Cristina Kirchner realiza maniobras para evitar la cárcel de Boudou. Genera antecedentes para sus causas. Adelanta la vigencia de artículos del Código Procesal. La condena ahora es firme cuando lo dispone la Corte Suprema", se quejó el radical y se cuestionó con ironía: "Imaginate si saca la reforma judicial".
Los antecedentes
En diciembre de 2014, durante la gestión de Cristina Kirchner, se sancionó la Ley 27.063 que aprobaba el nuevo Código Procesal Penal cuyo eje central es la implementación del "sistema acusatorio". Meses más tarde, en junio de 2015 se aprobó la norma que reglamentaba la implementación del Código con la intención de que entre en vigor el 1° de marzo de 2016.
Pero apenas llegó a la Casa Rosada el ex presidente Mauricio Macri dictó un decreto que reformó la ley de implementación y suspendió su entrada en vigencia. La Ley contemplaba la creación de la Comisión Bicameral en el Congreso, con algunas facultades como la determinación del cronograma de funcionamiento en cada provincial.
Con el regreso del kirchnerismo en 2019 al Gobierno nacional, el tema volvió a cobrar relevancia y comenzó a ser implementado en provincias como Jujuy y Salta, cuyos avances fueron analizados ayer en la reunión parlamentaria, entre otros puntos.
DM/MC
