Fiscales, exjueces y constitucionalistas participan este martes 18 de agosto sobre la propuesta de reforma judicial enviada por el Gobierno nacional al Senado, en una nueva y última ronda de expositores convocada ante el plenario de comisiones encargado de emitir dictamen.
La senadora que conduce el debate, la peronista María de los Angeles Sacnún, había llamado a esta nueva audiencia para escuchar los testimonios de más expertos solicitados por las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, antes de llevar la discusión al recinto, en una sesión prevista para el 26 de agosto.
Una vez cerrada la lista de expositores, los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales volverán a reunirse para definir cambios y correcciones que se introducirán al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Fuentes del oficialismo y de la oposición dijeron a Télam que no se descartan modificaciones al texto oficial, en base a las sugerencias escuchadas a lo largo de las audiencias, como las vinculadas a la creación de más juzgados federales, pero se aclaró que no se reformulará la idea matriz de la propuesta.
En las últimas horas, la presidenta de Asuntos Constitucionales, Sacnún, pidió a todos los senadores el envío de "toda propuesta de reforma que estén elaborando para ir incorporándolas en la tarea que se lleva adelante" antes de emitir dictamen.
Entre los expositores convocados para este martes se incluyó a Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien ya se expresó a favor de la reforma al señalar que "no es anticonstitucional", aunque señaló que hay puntos con los que no concuerda como la creación de más juzgados que fiscalías.
El presidente del Colegio de Abogados de CABA, Máximo Fonrouge, y el constitucionalista Eduardo Barcesat fueron pedidos también como oradores para la nueva audiencia por senadores de la oposición y el oficialismo, respectivamente.
También fueron convocados Lucila Larrandart, exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín y Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3, quien dejó su cargo en febrero último tras el anuncio del proyecto oficial de recorte de jubilaciones de magistrados.
Alejandro Guillé, procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina, y Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina son otros de los llamados a exponer.
Emilio Porras Hernández, Procurador General Adjunto de Chubut; Carlos Ceijas, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa; el fiscal Ricardo Peyrano; el juez en lo criminal y profesor de Historia Económica de la UBA, Ricardo Rojas, y Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 ideado durante el gobierno de Cambiemos, fueron sumados a la audiencia del martes.
A pedido del oficialismo, se invitó además al exjuez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, quien ya se expresó a favor de la reforma; a Jorge Auat, exfiscal miembro de la agrupación Justicia Legítima, y a un representante a definir del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad.
La lista se completa con un representante a designar de la agrupación "los 12 de la Santa Cruz", entidad que nuclea a familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.
El presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, declaró que el objetivo primordial que persigue el Gobierno con su iniciativa "es democratizar" a la Justicia y permitir "el acceso del pueblo a la justicia", algo que calificó como "una deuda de la democracia".
"Hasta ahora el Poder Judicial ha servido como resorte de otros poderes fácticos que hay en Argentina como los económicos, políticos y mediáticos", subrayó.
La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, adelantó el rechazo de la oposición al señalar que "no se trata de nombrar más jueces como propone esta reforma judicial sino aplicarles lo que dispone la Constitución y remover a los jueces malos".
"A la gente le dicen que con esta reforma crearán nuevos cargos para que la Justicia brinde respuestas con mayor celeridad pero no es así porque para conseguirlo deberían modificar los procedimientos, ejecutar el sistema acusatorio y eliminar los expedientes en papel", explicó, y advirtió que la norma "tiene medidas que atentan contra la calidad institucional".
Entre sus principales puntos, la reforma unifica el fuero Criminal y Correccional con el Penal Económico y los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.
También prevé abrir casi un centenar de juzgados federales en todo el país, crea 85 cargos de fiscales y 23 defensores y modifica el sistema de subrogancias, para cubrir por un año las vacantes que se generen.
