Alberto Fernández terminará el 10 de diciembre cuatro años de una gestión presidencial cuyo declive comenzó con una denuncia judicial. El escándalo por la Cena en Olivos en plena pandemia, con las restricciones sociales vigentes, atravesó su gestión y el electorado no se lo perdonó ni en las legislativas del 2021 ni en las generales de este año. Esa denuncia fue solo una de las cientos que le hicieron para achacarle múltiples delitos, aunque la mayoría no tuvo avances significativos hasta el momento.
La denuncia por la llamada Cena de Olivos fue radicada en Comodoro Py en 2021. Se trató de una escandalosa imputación con pruebas irrefutables como las fotos y videos en los que se veía al presidente, a la primera dama Fabiola Yáñez y a un grupo de amigos en un comedor de la Quinta de Olivos festejando el cumpleaños de la pareja del presidente el 14 de julio del 2020.
El daño era retroactivo: es que para ese entonces la Argentina estaba jaqueada por las restricciones de circulación que el propio presidente había decretado para mitigar los números de contagios de coronavirus. Y afectaba no sólo la legitimidad del presidente y su credibilidad, sino que también se traducía en un expediente judicial.
Como se mencionó, la causa recayó en Comodoro Py. Fernández fue imputado junto al resto de los participantes de la fiesta por el fiscal federal Ramiro González y el juez federal Sebastián Casanello. Al principio la causa planteó un conflicto de competencia y terminó radicada en la Justicia Federal de San Isidro, que tiene jurisdicción en la zona donde está ubicada la quinta presidencial.
El mandatario designó como abogado al prestigioso penalista Juan Pablo Fioribello, quien luego de varios meses llegó a un acuerdo de reparación integral con el fiscal del caso. Propuso que el mandatario y la primera dama donen 3 millones de pesos al Instituto Malbrán para que se cierre el caso. El 5 de octubre pasado, la Corte rechazó un intento de una ONG para querellar en el caso y, al hacerlo, le dio un cierre definitivo al caso.
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Pero más allá de eso, en los cuatro años en los que gobernó Fernandez cosechó decenas de denuncias penales en su contra, donde le achacaron múltiples delitos. Desde administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario hasta traición a la patria fue el abanico de figuras penales que aparecieron en las presentaciones, muchas de las cuales fueron archivadas o tuvieron escaso avance.
Las últimas denuncias a Alberto
Sin ir más lejos, el mes pasado el presidente saliente fue denunciado por Santiago Dupuy de Lome, quien habitualmente presenta denuncias en Comodoro Py contra funcionarios. Esta vez fue por presunta malversación de causales, peculado y administración fraudulenta, a partir de una nota de La Nacion sobre el uso de un logo y slogan usados por la Fundación Banco Nación que estarían inscriptos a nombre de Yáñez. Quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
El 7 de octubre pasado también fue sorteada una denuncia realizada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. Ambos denunciaron al presidente por firmar el decreto que nombró a Ana María Figueroa como jueza de la Cámara de Casación por otros cinco años, tras el acuerdo del Senado. Recayó en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.
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También quedó a cargo de Ercolini una denuncia hecha durante la campaña por parte de los dirigentes opositores Roberto García Moritán y los dirigentes Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Fazio. Fue el 14 de septiembre pasado, a causa del "paro de la obra pública" que impulsó el ministro del área, Gabriel Katopodis, para concientizar a los trabajadores de las implicancias que tendría el sector si ganara Javier Milei, como finalmente ocurrió.
Vale resaltar que más allá de la gran cantidad de denuncias que presentaron contra el presidente, muchas de ellas fueron descartadas de plano por los jueces sorteados, archivadas o puestas a consideración pero con un nivel de avance escaso.
Otra de las denuncias que entró en la Justicia contra el presidente incluyó al ministro de Economía Sergio Massa y al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, por "emisión descontrolada". En la presentación cuestionaron a los funcionarios por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos a propósito de la devaluación de la moneda "derivada de la emisión de pesos sin respaldo".
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En abril, antes de que arranque la campaña, el presidente también recibió una denuncia no en la Justicia sino en la Oficina Anticorrupción. La Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Otegui y Juan Fazio, cuestionó un supuesto uso ilegítimo de la publicidad oficial para un video en el que el presidente anunció su decisión de no presentarse como candidato.
Otra de las presentaciones, también de Dupuy de Lome, quedó radicada en el Juzgado a cargo de Ariel Lijo y la fiscalía de Carlos Rívolo. El denunciante acusó al presidente saliente de "embestir" contra la Corte Suprema tras un fallo que suspendió las reelecciones en las provincias de Tucumán y San Juan.
En marzo, cuando se conoció la decisión de impulsar un canje de bonos en dólares, el presidente y el ministro de Economía recibieron otra denuncia de parte de Otegui, Magioncalda y Fazio, esta vez por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una polémica frase contra Luciani
El mandatario también fue denunciado por diputados de la oposición por amenazas y sedición. Fue luego de una entrevista en la que dijo que "hasta acá lo que le pasó a (el fallecido fiscal Alberto) Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani".
Para Waldo Wolf, y los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, las palabras del presidente fueron "temerarias y amenazantes".
En diciembre del año pasado, Fernández también recibió dos denuncias por parte de la Coalición Cívica y Republicanos Unidos donde pidieron que se investigue el incumplimiento del fallo de la Corte que estableció que el Gobierno nacional debía entregarle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables.
Otra de las denuncias de Republicanos Unidos que resonó en los medios fue el 27 de noviembre del 2020. Fernández fue denunciado por abuso de autoridad y el hecho imputado fue la organización de la despedida de Diego Armando Maradona en la casa de Gobierno, que juntó a una masiva cantidad de personas en la Plaza de Mayo, cuando todavía el coronavirus estaba en la vida de los argentinos.
En pandemia las denuncias contra el presidente no pararon de llegar. Además de la Cena en Olivos, mencionada al comienzo del artículo, lo denunciaron por prohibir las reuniones sociales, por "envenenamiento con medicinas" y por el vacunatorio VIP.
Un fallido hito de su gestión fue el intento por estatizar la cerealera Vicentin. No lo logró, pero se ganó una denuncia judicial por parte de diputados de Juntos por el Cambio.
AS/fl
Tras la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente también fue denunciado penalmente en Córdoba por violencia de género, entre otros delitos. Quedó radicada en el Juzgado Federal de Córdoba a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
